El Abandono a García Luna.

J. Jesús Esquivel

BROOKLYN, NY.- Con el veredicto unánime de culpabilidad a Genaro García Luna por cuatro delitos de narcotráfico y colusión con el Cártel de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos no daría por terminado su deseo de exponer y enjuiciar a quienes fueron parte de una amplia red de narcocorrupción en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Como es común entre criminales y narcotraficantes juzgados y sentenciados en Estados Unidos, la traición puede ser el recurso a la mano de García Luna para evitar morir tras las rejas.

Desde enero de 2020, a menos de un mes de que fuera capturado por agentes de la DEA en Dallas, Texas, a García Luna el Departamento de Justicia estadunidense le propuso un acuerdo de cooperación a cambio de anular su juicio y evitar el ser expuesto públicamente como narco.

Los fiscales del Departamento de Justicia mantuvieron sobre la mesa su propuesta de acuerdo de cooperación, pero García Luna no sólo rechazó la oferta sino que los desafió, tal vez pensando que nunca sería declarado culpable… y ahora se encuentra arrinconado.

Quien fue director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en la presidencia de Fox y secretario de Seguridad Pública en la de Calderón, será sentenciado por el juez Brian Cogan el próximo 27 de junio a las 11:00 horas en Brooklyn.

Aunque es prerrogativa y criterio de Cogan determinar el castigo para García Luna, el extitular de la SSP podría ser sentenciado a cadena perpetua como pena máxima o a 20 años de cárcel como mínima, porque esto dice la ley estadunidense de sentencias.

García Luna tiene 54 años; la condena mínima que Cogan puede dictarle es de 20 años; de la máxima no se sabe, porque incluso podría ser castigado con varias cadenas perpetuas, tomando en cuenta que fue demoledor el veredicto en su contra.

Con una benevolencia de Cogan, García Luna podría quedar destinado a la mazmorra de una prisión federal de Estados Unidos hasta que cumpla 71 años, porque bajo las leyes estadunidenses le tienen que descontar los tres que ya lleva en la cárcel desde que fue detenido por las agentes de la DEA el 19 de diciembre de 2019 en Dallas.

El Departamento de Justicia desea a García Luna como testigo cooperante, de lo contrario, no hubiese sostenido la oferta de un acuerdo de cooperación hasta poco antes de que se le enjuiciara.

Al desafiar legalmente y en el juicio al gobierno de Estados Unidos, queda también de manifiesto que García Luna no desea que lo refundan en una celda, aunque ya se quedó sin alternativa y se quedará también sin las propiedades y dinero que tiene en Estados Unidos.

Durante el juicio por narcotráfico contra su marido en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Linda Cristina Pereyra aseguró a Proceso que sus propiedades en Miami no habían sido confiscadas por el Departamento del Tesoro estadunidense.

“Nos han congelado las cuentas del banco, nada más”, afirmó la esposa de García Luna al reportero en una de las audiencias en la Sala 8D de la Corte Federal en Brooklyn.

Una vez que Cogan sentencie a García Luna, sus propiedades en el estado de Florida (casas, autos, motocicletas y negocios) serán aseguradas por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Ante la justicia, García Luna ya está codificado oficialmente como un criminal y un narcotraficante; bajo la ley se asume que sus bienes y activos financieros se adquirieron con dinero procedente de la venta de narcóticos a nivel internacional y por eso se le serán requisados.

Encima de todo esto, a García Luna se le viene la demanda civil que en su contra interpuso en Florida la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En la querella se acusa al exintegrante del gabinete presidencial de Calderón de haber saqueado al erario mexicano con unos 700 millones de dólares entre 2001 y 2012, periodo en el que ejerció como cabeza de la AFI y de la SSP.

Por tratarse de una demanda civil y durante un eventual juicio y veredicto de culpabilidad, con la demanda del gobierno mexicano García Luna sería condenado a quedar en la ruina total; ya en México la SHCP le decomiso a él y a su familia todos sus bienes y cuentas bancarias.

El futuro del extitular de la SSP es aterrador, jurídicamente hablando, amén de todo lo anterior, por haber sido declarado culpable por unanimidad de un quinto delito; mentirle a un agente federal de inmigración, por lo que se le anulará la residencia permanente como inmigrante que tiene en Estados Unidos.

En este esquema y si Cogan sentencia a García Luna con una condena menor a la cadena perpetua, cuando cumpla los años de cárcel que le dictamine el juez el 27 de junio próximo, sería de inmediato deportado a México, que lo solicita en extradición para enjuiciarlo.

La alternativa

Fox y Calderón. Gobiernos tocados. Créditos: Miguel Dimayuga

A García Luna le queda una opción para no ser castigado por su colusión con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de cocaína a Estados Unidos: aceptar la oferta de cooperación si los fiscales del Departamento de Justicia se la vuelven a ofrecer a partir de que sea sentenciado.

Nadie sabe, excepto el Departamento de Justicia y sus fiscales federales de distrito, si hay otros expedientes judiciales acusando de narcocorrupción a otros funcionarios y exfuncionarios públicos, militares, policías federales y políticos de México.

Tampoco se sabe –y si se supiera, es un delito federal divulgarlo– si el Departamento de Justicia ya se encuentra investigando a otro objetivo mexicano por su presunta colusión con el narcotráfico internacional.

En ambos casos, al gobierno estadunidense le conviene tener como testigo cooperante a García Luna y a éste también, para salvarse de pudrirse en una cárcel.

Este narcotraficante podría traicionar y denunciar a quienes sirvió o con quienes colaboró en los sexenios de Fox y Calderón y a muchos más.

Como lo dijo en entrevista con Proceso Roberta Jacobson, la exembajadora de Estados Unidos en México y coordinadora de la Iniciativa Mérida, Calderón sí sabía de los nexos de García Luna con el Cártel de Sinaloa, porque el gobierno estadunidense se lo dijo.

Esta omisión de Calderón es suficiente para que, si lo decide el Departamento de Justicia, se le abra un proceso judicial federal y criminal tachándolo de copartícipe de una conspiración internacional de trasiego de drogas; como hizo con García Luna.

En la Corte de Brooklyn y ante el juez Cogan, está pendiente pero abierto y vigente el encausamiento judicial por narcotráfico contra Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, funcionarios también de la SSP durante la presidencia de Calderón.

Cárdenas Palomino está bajo la custodia del gobierno mexicano, que lo arrestó y acusó de secuestro y tortura, pero, porque ya el Departamento de Justicia lo solicitó en extradición y tras el veredicto contra García Luna, podría ser enviado a Estados Unidos en cualquier momento.

John Minchillo.

Pequeño García, como se lo confió hace dos años a Proceso el fiscal general Alejandro Gertz Manero, está escondido en Israel, país con el que México no tiene un acuerdo de extradición.

No hay límite de tiempo después de que sea sentenciado para que García Luna acepte –si se lo propone el Departamento de Justicia– un acuerdo de cooperación; incluso es viable que se empiece a negociar antes de que Cogan le dictamine el castigo.

Si a narcotraficantes y asesinos confesos, enjuiciados y sentenciados en Estados Unidos, como Jesús El Rey Zambada García y Sergio Villarreal Barragán, El Grande, que además testificaron contra García Luna, el Departamento de Justicia a cambio de sus acuerdos de cooperación ya los perdonó y liberó, es natural que quiera hacerlo con el extitular de la SSP a quien conoce muy bien como socio entre 2001 y 2012.

Las traiciones contra sus familiares, socios, compadres y amigos entre narcotraficantes es lo más común; García Luna jurídicamente es narcotraficante y no sería la excepción sino lo normal que en una corte federal estadunidense incrimine a quienes lo encumbraron en el poder.

De darse un acuerdo, que es altamente probable, si hace y declara todo lo que sabe y lo que le exijan los fiscales, García Luna –como El Grande y El Rey Zambada–, podría salir libre y quedarse a vivir en Estados Unidos con algo de sus bienes y dinero en unos 10 años.

El debut de García Luna como testigo cooperante podría ocurrir en el juicio contra Cárdenas Palomino, si el gobierno de López Obrador tiene la disposición rauda de extraditarlo a Estados Unidos luego de la sentencia que dicte Cogan el próximo 27 de junio.

Si hay acuerdo con el Departamento de Justicia podríamos ir sabiendo en los próximos años o meses cuánto sabe García Luna de la narcocorrupción que privó en los sexenios de Fox y Calderón.

Calderón no puede ser el único objetivo en una eventual cacería del Departamento de Justicia de corruptos mexicanos comprados por el Cártel de Sinaloa. La DEA, que salió tan desprestigiada del juicio contra García Luna, debe tener una lista larga de potenciales objetivos.

Entre fiscales y narcotraficantes que han testificado en procesos judiciales contra narcos mexicanos en Estados Unidos, se han mencionado los nombres de tres exprocuradores generales de Calderón: Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez. Militares, policías federales y funcionarios públicos estatales, así como exgobernadores también han sido mencionados en juicios por narcotráfico en Estados Unidos.

Como testigo cooperante del Departamento de Justicia García Luna sería como una bola de nieve rodando hacia abajo desde una montaña mexicana de corrupción.

Pruebas irrevocables son necesarias bajo el “inmanchable” derecho de la presunción de inocencia que dicta la Constitución Política de Estados Unidos; no obstante, como quedó de manifiesto en el juicio a García Luna, la palabra de narcos y sus traiciones pueden ser suficientes para enviar a cualquiera a pasar el resto de su vida en un calabozo.

Pereyra. Pugna por las cuentas