Sofía Calvillo López

Hermosillo, Son.- Con el Plan Sonora de Energías Sostenibles el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó al mundo la apuesta de México para ayudar contra la crisis climática, según lo planteó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, celebrada en Egipto en noviembre pasado.

El Plan Sonora incluye la instalación de la planta solar que se anuncia como la más grande de Latinoamérica y la séptima más grande del mundo: una red de factorías para la licuefacción de gas natural para exportación, obras de infraestructura carretera, explotación del litio, aprovechamiento del recurso humano mexicano… y la alianza con empresarios como Daniel Chávez Morán, fundador del Grupo Vidanta.

El 17 de febrero último, en una gira por la zona, López Obrador dijo que el plan tiene una inversión de 48 mil millones de dólares y fortalecerá las cadenas de suministro con Estados Unidos, fomentará la fabricación de vehículos eléctricos y la construcción de grandes centrales de energía verde, además de promover la producción asociada de litio para baterías.

“Ya a partir de hoy va a significar electricidad para 60 mil hogares, y es apenas el inicio”, dijo el presidente al dar banderazo de salida con la inauguración de la primera etapa del parque fotovoltaico Puerto Peñasco, que generará en una primera etapa 120 megawatts (MW) y mil MW para 2027. La planta representa una inversión de casi mil 700 millones de dólares.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, realiza una intensa promoción del plan, sobre todo desde el mes pasado, cuando presentó en Puerto Peñasco el proyecto ante unos 60 embajadores del cuerpo diplomático en México, a quienes expuso que esa infraestructura servirá para “consolidar un ecosistema en el que se tomen las riquezas naturales del Estado para la elaboración de componentes electrónicos y semiconductores con el talento humano”, así como aprovechar la cercanía con Estados Unidos para facilitar las relaciones comerciales con miras a la transición energética.

Después de ese encuentro, Durazo efectuó una gira en Toronto y Washington para presentar el Plan Sonora a organizaciones empresariales, políticos e inversionistas. A su regreso, en un foro sobre energías sostenibles organizado por el periódico El País México y el propio gobierno estatal, el lunes 13, describió:

“Sonora será el Silicon Valley de las energías renovables y el Plan Sonora representa un proyecto de descarbonización de la economía, un plan sumamente ambicioso que aprovechará el sol y el litio para un futuro de energías limpias”.

Pero al día siguiente, en su conferencia al estilo mañanera, Durazo habló ampliamente sobre su alianza con dos empresarios ya involucrados en la promoción de inversiones para infraestructura, naves industriales y del sector turístico, todo alrededor del Plan Sonora: Daniel Chávez Morán, fundador del Grupo Vidanta, y Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente lo volvió a mencionar como enlace con el sector empresarial.

Vidanta, desarrollador líder de resorts en América Latina, tiene presencia muy cerca del parque solar con el Aeropuerto Internacional del Mar de Cortés, del que es operador, así como el Hotel Mayan Palace, Grand Mayan y The Nicklaus Design Course at Vidanta, que están a unos 10 kilómetros.

Esta cercanía con la planta en Puerto Peñasco representa, en términos inmobiliarios, una revalorización de los terrenos del fundador de Grupo Vidanta, así como de los hoteles que se encuentran en el polo turístico, mientras que el consorcio recibe otros beneficios del gobierno de la 4T.

En la conferencia, el gobernador de Sonora insistió que es necesario promover a Sonora como un destino con atractivos turísticos, a fin de sumar inversores al Plan Sonora, ya que actualmente se desconoce la ubicación y sus ventajas.

También señaló que el estado carece de las naves industriales necesarias para que las empresas se asienten en la entidad. Y reveló que en una reunión que sostuvo el lunes 13 con el fundador de Grupo Vidanta y con Alfonso Romo acordó su apoyo para la creación de naves industriales y promoción turística.

“Ayer tuve una comida con Daniel Chávez y Alfonso Romo y ¿qué les digo? Me preguntan: ‘¿Cómo ayudo?’ A ver, nos faltan naves industriales en el estado, ¿cómo viene una empresa en Sonora si no tenemos una sola nave industrial disponible? Y les decía: ‘Ayúdenme con naves industriales en Hermosillo, Obregón, Navojoa, en todos lados”, narró.

El gobernador añadió que le pidió a Daniel Chávez el apoyo para construir infraestructura turística, no sólo en Puerto Peñasco, donde el empresario tiene presencia y terrenos, sino en San Carlos, el polo turístico de Guaymas, punto que Chávez ha dicho tener en la mira con proyectos relacionados con cruceros.

Abiertamente, Durazo dijo: “Con la construcción de infraestructura turística en Puerto Peñasco, que Daniel Chávez conoce muy bien porque ahí está Grupo Vidanta, y San Carlos, porque una vez que se construya la carretera, lo he dicho aquí, la carretera a Chihuahua, la gente va a llegar a San Carlos. Si no hay hoteles la gente no va a regresar o eventualmente ni siquiera va a venir.

“Esas son las peticiones que les hice –recapituló el gobernador–. Ustedes saben que ambos son personajes muy fuertes en el sector empresarial y yo estoy seguro que de ahí salió el compromiso de una reunión con los principales constructores de naves industriales en Sonora. Espero que sea pronto, es el compromiso que hizo Alfonso Romo conmigo y Daniel Chávez ofreció, dio algunas ideas para mejorar la conectividad de Puerto Peñasco y facilitar el flujo de turistas, pero también hizo el compromiso de ayudarme en la promoción, particularmente en San Carlos”.

Inauguración de la primera etapa

En esa conferencia Proceso pidió hacer una pregunta al gobernador, pero su equipo de prensa no dio oportunidad.

Opacidad

En el estado aún permea la polémica originada por el hecho de que la primera etapa de la planta solar del proyecto en Puerto Peñasco fue posible gracias a la entrega en comodato de un terreno de dos mil hectáreas por parte del dueño de grupo Vidanta, empresa que asesora el proyecto turístico del Tren Maya.

José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, trabaja en KEI Partners, empresa fundada por Érika e Iván Chávez, hijos del dueño de Grupo Vidanta.

Aun cuando el presidente de la República aseguró que no hay ningún conflicto de interés porque el dueño de Grupo Vidanta no tiene ningún contrato o negocio con el gobierno federal, no se ha transparentado cómo fue la donación del predio, así como las condiciones o contraprestaciones que tendrá la empresa.

Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), dice a Proceso que el organismo resolvió un recurso para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informe cómo se dio la donación o comodato del terreno por Grupo Vidanta, a partir de la petición de un solicitante que ha encontrado resistencia de la paraestatal.

“La CFE le dijo que buscó y que era una información inexistente, por eso se inconformó; nosotros resolvimos revocar esa respuesta del sujeto obligado para instruirle a que realizara una nueva búsqueda”, explicó.

Del Río Venegas agrega que dicha resolución se justificó en la importancia de transparentar la discusión social acerca de posibles conflictos de interés entre sectores públicos y algunos actores del sector empresarial.

Incluso, ante la serie de cuestionamientos y señalamientos que se hicieron por la donación de este terreno, el gobernador Durazo aseguró que se darían a conocer todos los pormenores del proyecto:

“Vamos a manejar las cosas con transparencia; esa es mi responsabilidad. Y si no hay transparencia y si hay irregularidades, es mi responsabilidad, así es que andaremos todos a mecate corto, como dice el presidente, para rendirle cuentas transparentes a la ciudadanía”, comentó el mandatario estatal en febrero de 2022.

Sin embargo, desde agosto de ese año a la fecha, pese al recurso resuelto por el Inai, no se ha dado a conocer la información sobre la donación del predio por parte de Grupo Vidanta a la CFE, con lo que permanecen en la opacidad los acuerdos del consorcio turístico con la empresa eléctrica.

Mientras tanto, Vidanta cuenta con otros beneficios: en febrero de 2022 se le dio la ampliación de 15 años en tres concesiones para ocupar las playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero; además obtuvo dos nuevos permisos para Acapulco y Puerto Vallarta. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, vía la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, le otorgó permiso a OTM Naviera para que la embarcación Vidanta Elegant brinde un servicio de crucero turístico, de acuerdo a la información publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

A esto se suma la ampliación de la ruta que conectará dos de sus desarrollos turísticos en la Riviera Nayarita, los cuales no cuentan con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Por otro lado, la empresa Seselec Energy Projects, encargada de la primera etapa de construcción de la planta fotovoltaica en Puerto Peñasco, está asociada con Iberdrola, compañía española que en reiteradas ocasiones el presidente López Obrador ha señalado como indebidamente favorecida por gobiernos anteriores, particularmente el de Felipe Calderón.

Seselec Energy Projects e Iberdrola son socios en España y México, donde desarrollan el parque fotovoltaico de Cuyoaco en Puebla; de igual manera, Iberdrola tiene una relación con Zytech Solar, especializada en venta de paneles solares, y Kei Partners, enfocada al sector inmobiliario.

Cuentas Alegres

Manuel Bartlett, director de la CFE, dijo durante la gira encabezada por el presidente López Obrador que la central de Puerto Peñasco tendrá una capacidad de mil MW, 192 MW con baterías de respaldo, y que se construirá en tres etapas; será la más grande de América Latina “y evitará la emisión de 1.4 millones de toneladas de CO2 anuales; equivale a sacar de circulación a 270 mil vehículos”.

Su instalación en el predio de dos mil hectáreas, afirmó Bartlett, beneficiará 1.6 millones de habitantes, equivalentes a 536 mil hogares, “impulsará el crecimiento económico de Peñasco, Caborca, Altar, Sonoyta y San Luis Río Colorado, Ensenada, Tecate y Mexicali… Es histórica la construcción de la línea de transmisión que conectará Baja California al Sistema Eléctrico Nacional”.

Según el proyecto, la energía generada en la planta llegará a Baja California y se inyectará al sistema eléctrico de la región con una longitud de 290 kilómetros en total, de los cuales 215 kilómetros están en Sonora y 75 en Baja California.

En la reunión con el cuerpo diplomático en México se dio a conocer que, además de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, la CFE proyecta otras cinco plantas solares, que se instalarían en San Luis Río Colorado, Caborca, Navojoa, Fundición y otra en Puerto Peñasco, con la inversión de casi 13 mil millones de dólares.

El profesor e investigador de la Licenciatura en Finanzas de la Universidad Estatal de Sonora, Diego Alberto Avilés, dice en entrevista: “El año pasado y el anterior, el estado de Sonora generó 15 gigawatts por hora (GWh), aquí hay una proyección de que la planta de Puerto Peñasco va a tener una capacidad de generar un GW más.

“Hoy en el PIB sonorense, y esto lo podemos consultar en el Inegi, la generación y transmisión de energías eléctricas tiene una participación en la riqueza total cercano a 3%. Entonces, de completarse al cien por ciento la planta de Puerto Peñasco, ese proyecto podrá generar un crecimiento adicional del 0.5 por ciento”.

En cuanto al litio, Avilés indica que Sonora produce cada año 10 mil toneladas, lo que podría tener una repercusión más grande todavía en el desarrollo económico: “Hay muchos avances, eso se ve por lo menos que sí va a cumplir: garantizar de cierta forma un crecimiento sostenible de la entidad en el mediano y largo plazo”.

El lunes 13, en su conferencia mañanera, ante un cuestionamiento al respecto, el presidente mencionó que, tras la inauguración de la primera etapa del parque fotovoltaico, falta ampliarlo y tender las líneas de distribución para conectar el norte de Sonora y Baja California.

“Estamos en eso, nosotros vamos a dejar ya una segunda etapa el año próximo y las líneas de transmisión hacia Baja California, ya está en el proyecto ese plan”, dijo, y habló de “la posibilidad” de pedirle a Bartlett y a personal de la paraestatal que informen sobre la planta de Puerto Peñasco “y todos los planes que se tienen en el caso de Sonora”.

Durazo, naves industriales

Sofía Calvillo López

Hermosillo, Son.- Aun cuando el Plan Sonora de Energías Sostenibles se anuncia como un generador de miles de empleos y un parteaguas en la creación de energías limpias para mitigar el cambio climático, informes de organismos internacionales, investigadoras y organizaciones ambientalistas alertan sobre un alto costo ambiental y ecológico en las zonas vírgenes de Sonora, así como afectaciones a pueblos indígenas.

Mientras el gobierno federal y estatal buscan captar la atención de inversores para impulsar el proyecto, ambientalistas advierten sobre los efectos en el ecosistema y el deterioro de extensas áreas de Sonora, empezando por la planta fotovoltaica en Puerto Peñasco. Agregan que también había zonas alternativas para el parque aledañas a San Luis Río Colorado que se habían propuesto, en lugar de los terrenos de Grupo Vidanta.

Sergio Müller, presidente de Caminantes del Desierto AC, asociación dedicada a la renaturalización y conservación del desierto de Sonora y que fomenta la participación ciudadana en política pública para gestión de proyectos y educación ambiental, dice a Proceso que el proyecto de construcción de la CFE requiere de una línea de transmisión que se interconectará con la red de Mexicali, lo cual afectará el valor universal y sobresaliente de la reserva de la biósfera del Pinacate y El Gran Desierto de Altar, al igual que parte del Alto Golfo.

“La Planta fotovoltaica está un poco afuera de Puerto Peñasco, cerca del aeropuerto; las líneas de transmisión van a cruzar por la costa, entre el derecho de vía de la carretera que va desde la reserva del Alto Golfo de California en San Luis Río Colorado, y afectaría a la reserva de la Biósfera de El Pinacate en la parte visual. La UNESCO le dio la designación de Patrimonio Natural de la Humanidad” por un valor universal excepcional, señala.

Müller destaca que la construcción de una central repetidora en el Golfo de Santa Clara también representa una afectación. “Ahí la zona tendría contaminación lumínica, ya que es uno de los lugares más prístinos de Sonora; es decir, que no tienen contaminación lumínica y afectaría por ese lado. Además, la misma construcción de la torre estaría afectando porque los depósitos requieren agua; ahí pasaría por zonas muy delicadas, ancestrales, en la parte de Tres Ojitos, El Borrascoso, que son tierras sagradas de los Tohono o’odham, quienes hacen su peregrinación de la Ruta de la Sal”, explica.

La nación Tohono o’dham ha habitado el desierto sonorense y del otro lado de la frontera norte, y ha defendido por cientos de años esas rutas, un recorrido de cientos de kilómetros que se extiende desde los Altos de Arizona hasta las salinas en la reserva del Alto Golfo de California y El Pinacate, consideradas territorios sagrados.

El presidente de Caminantes del Desierto señala que actualmente existe un conflicto porque una autoridad no oficial del pueblo de los Tohono o’dham autorizó la construcción de la central repetidora.

“Esta persona no es una autoridad oficial de la comunidad en México, entonces los Tohono están inconformes porque se le consultó y autorizó a alguien que no pertenece al lado mexicano, que no los representa, es un representante cultural, ya no tiene una función gubernamental”, insiste.

Además, recordó que un informe del Comité Técnico Evaluador de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluyó una recomendación para que la línea de transmisión fuera recorrida al norte para evitar afectaciones a la Reserva de la Biósfera del Pinacate.

El Pinacate. Reserva. Crédito: Violeta Melo

Esta recomendación fue elaborada desde 2013, para inscribir el Pinacate y el Gran Desierto del Altar en la lista del Patrimonio Mundial.

El dictamen técnico aborda la riqueza de especies, así como las características geológicas y paisajísticas de la zona, y los riesgos de que la incursión del turismo, por ejemplo, impactara en el agotamiento de los recursos hídricos. También sugirió “mantener y mejorar la conectividad ecológica para amortiguar los impactos del cambio climático”, incluso con el establecimiento formal de un Área Natural Protegida Transfronteriza “con áreas adyacentes en Estados Unidos”.

Esta era la descripción que en ese entonces hacía el estudio técnico sobre algunas de las características de la zona:

“Más de 540 especies de plantas vasculares, 44 mamíferos, más de 200 aves y más de 40 reptiles habitan el desierto aparentemente inhóspito (…). Existen varias especies endémicas de plantas y animales, incluyendo dos especies de peces de agua dulce… grandes cuevas de maternidad del murciélago migratorio de nariz larga menor, que es un importante polinizador y vector de dispersión de semillas se encuentran dentro de la propiedad. Las especies notables incluyen el berrendo de Sonora, una subespecie endémica restringida al suroeste de Arizona y noroeste de Sonora y amenazada de extinción”.

También se destacaba que la integridad de la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar estaba “relativamente intacta y tiene un nivel extraordinariamente alto de integridad física, en mayor medida relacionado con su duro entorno”.

En ese documento técnico todavía el comité de la UICN alabó al Estado mexicano “por la decisión de no ubicar infraestructura de transmisión de electricidad a lo largo de la costa, a fin de conservar la integridad visual de la zona” y alienta a México y a Estados Unidos a “fortalecer la conservación y orden del ecosistema compartido del Gran Desierto Sonorense, así como a que sigan cooperando para salvar al berrendo de Sonora de una posible extinción”.

Sergio Müller afirma que el Plan Sonora se proyecta como una iniciativa de energías renovables y sostenibles, pero que dista mucho de la realidad que se está viviendo en el territorio del estado:

“Se está promoviendo la minería con la extracción del litio, la fragmentación de los ecosistemas con la construcción de estas líneas y desarrollos; está afectando el ecosistema al estar construyendo grandes plantas fotovoltaicas en terrenos que son vírgenes”.

Planta fotovoltaica en terreno virgen

En su opinión, se debe tener en cuenta que en la lucha ambiental “hay dos polos: uno es por la biodiversidad y el cambio climático. Sin embargo, la biodiversidad resulta un beneficio para combatir el cambio climático, y por el contrario, no todo lo que sea para combatir el cambio climático va a beneficiar la biodiversidad, como en este caso las plantas fotovoltaicas”, concluye.

Agua o litio

Hasta ahora la instalación de paneles solares en Puerto Peñasco avanza de manera avasalladora. La doctora Reina Castro Longoria, profesora e investigadora de la Universidad de Sonora (Unison), señala que el Plan Sonora genera más dudas que certidumbres, ya que la extracción del litio va a traer consecuencias ambientales:

“Es muy sencillo: no hay agua para dichos procesos de la extracción. Se me hace algo más político que de acciones concretas. No comprendo por qué, si es del conocimiento el estrés hídrico que prevalece en Sonora, den por hecho que del litio se logrará la electrificación del país”.

Federico Godínez Leal, quien se desempeñó por casi 21 años en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) como director de cuatro áreas en el noroeste de México y como director en los últimos 13 años de la Reserva de la Biósfera El Pinacate, coincide:

“Contra todo lo que se puede pensar, se tendría que planear (la planta fotovoltaica) en un terreno regular, cuadrado. Pero no, las dos mil hectáreas son una franja que va desde el Mayan Palace, del Aeropuerto hacia la Sierra Pinta, que es hábitat de berrendos, una especie en peligro de extinción”.

Explica que diversos sectores de la sociedad se reunieron para socializar los proyectos y discutir el impacto del Plan Sonora. A partir de entonces (noviembre de 2021) se giraron oficios dirigidos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la Semarnat y a la CFE sin tener respuesta.

“Yo los entregué personalmente en Palacio Nacional, en las oficinas de Semarnat en México, en las oficinas de Manuel Bartlett, en México también, y ni un oficio se contestó. Se solicitó una consulta pública, se contestó por parte de la Dirección de Impacto Ambiental de la Semarnat pero fuera de tiempo, diciendo que no era necesario porque no impactaban los proyectos”, apunta.

Subraya que no está contra el Plan Sonora, sino considera que tanto el gobierno federal como el estatal deben replantear el proyecto para evitar el impacto ambiental:

“El que pasen por toda la reserva (la línea de transmisión), se trata de 150 kilómetros de línea, no es una línea cualquiera, es una superlínea; son torres de las que se habla de más de 60 metros de altura, en ese ecosistema se van a ver desde 30 a 60 kilómetros, lo tenemos comprobado y es un impacto a la belleza paisajística, que es uno de los tres criterios que la UNESCO determinó suficientes para (la declaratoria de) Patrimonio de la Humanidad, le van a dar en la torre”.

Una propuesta fue construir la planta fotovoltaica un lado de San Luis Río Colorado:

“Así se ahorran miles de millones de pesos –dice Godínez Leal–, con eso se pueden mejorar parques fotovoltaicos y eólicos en Baja California y San Luis Río Colorado, así no tendría necesidad de pasar esa línea por ahí. Bajo el argumento del gobierno no se sustenta el que Baja California sea autosuficiente con esta planta de Puerto Peñasco a 200 kilómetros de distancia; no suena lógico y técnicamente no es viable. ¿Por qué construir en los terrenos de Vidanta, en el Mayan Palace?”.

En el proyecto de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Red de Transmisión Asociada a la Central Fotovoltaica en Puerto Peñasco, presentada por la CFE y publicada a mediados de 2022 en la Gaceta Ecológica de la Semarnat, la paraestatal calcula que la construcción de la planta fotovoltaica generará al menos ocho millones 752 mil 872 kilos de dióxido de carbono (CO2).

Sobre la designación de la Reserva de la Biósfera como Patrimonio Cultural y Natural emitido por la UNESCO, la empresa eléctrica asegura que constituye un “tratado internacional, por lo que no posee un instrumento jurídico al cual deban apegarse, sino que, el Estado mexicano al adoptar el acuerdo o convención, estableció el compromiso de cumplir con lo estipulado en el mismo; es decir, adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el patrimonio natural, por lo que se obliga a generar o reformar su marco jurídico en materia ambiental, de manera que se conserven las características excepcionales que el área designada como patrimonio mundial posee”.

En tanto, Diana Karen Durazo Ruiz, directora general de Cambio Climático y Cultura Ambiental de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable de Sonora (Cedes), dice en entrevista que México subió su compromiso de reducir 35% de las emisiones de CO2, por lo que se tomaron medidas y acciones climáticas más ambiciosas, con mayores retos, uno de los cuales es el Plan Sonora.

“Dentro de esos retos podemos ver que existe tanto una falta de tecnología, falta de personal preparado para llevar a cabo esos proyectos, así como la importancia de Litio Mex y el recurso hídrico, que es una preocupación para los sonorenses. Considero que están identificadas las problemáticas principales y se están haciendo esfuerzos para evitarlas. Sin embargo, siempre sobre la marcha salen más que no hemos identificado”, admite la funcionaria.

Litio. Promoción de minería

Durazo Ruiz asegura que en Sonora los ciudadanos emiten casi dos veces más contaminantes que el resto de la República, debido a la dependencia de sistemas de enfriamiento y calentamiento. Resalta que sectores como el transporte y la minería, el agropecuario y la agricultura también mantienen altos niveles de contaminación.

En cuanto a los pronunciamientos de colectivos y activistas por el medio ambiente sobre la reserva del Pinacate y el Gran Desierto de Altar, Durazo Ruiz responde que la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco se ubica a un lado de una unidad destinada a la conservación, donde se planea controlar el tema de biodiversidad para la protección de especies como el berrendo y el borrego cimarrón.

“Lo tenemos presente, se ha contemplado en el proyecto, se ha tomado en cuenta. La Cedes también ha participado dando su opinión técnica acerca de este corredor biológico importante; si bien cualquier proyecto de infraestructura y desarrollo para el estado tiene que tener en cuenta ese sesgo, hay que tener en una balanza los beneficios económicos, sociales y ambientales, por eso el desarrollo sustentable del proyecto y validar cuál sea más importante que el otro. Se ha tomado en cuenta, no se ha dejado de lado”, insiste.

Y aunque reconoce que el proyecto del parque e instalación están “a pasitos” del Área Natural Protegida del Pinacate, la funcionaria expone: “Creo que se ha respetado y al final del día esta megaplanta lo único que genera es más turismo en esta zona que muchos sonorenses todavía no conocemos; entonces creo que es muy importante este proyecto y los demás que vengan para crear también turismo y derrama económica”.

Durazo Ruiz dice desconocer el estatus de las MIA para las obras del proyecto y aseguró que Cedes ha realizado procesos para proteger al ambiente, aunque no explicó cuáles.

Sobre la emisión de CO2 que ya emite la construcción del parque solar en Puerto Peñasco, Durazo Ruiz dice que todos los procesos productivos tienen esa contraparte de la contaminación. “Lo importante es disminuir esa parte –agrega– para así tener un mayor beneficio. Considero que es una utopía crear un proceso industrial o un proceso productivo con cero emisiones, sin embargo, tanto Sonora como los gobiernos internacionales están caminando hacia ello.

“Es una preocupación válida, pero considero que hay que informarse y exigirle también al gobierno. Hago una invitación para que exista la transparencia dentro de esos procesos y así poder tomar una decisión informada”.

Mathieu Tourliere

Cuando entregó el control de las aduanas terrestres a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de las marítimas a la Secretaría de la Marina (Semar), el presidente Andrés Manuel López Obrador también dejó a las instituciones castrenses el control de un fideicomiso dotado de recursos multimillonarios provenientes de las tarifas aduanales; en escasos meses, la Sedena y la Semar gastaron una parte de esos recursos en contratos por cerca de mil millones de dólares para la instalación de escáneres de rayos X.

Por los montos y los intereses en juego, las licitaciones de los escáneres de rayos X implicaron maniobras diplomáticas de Estados Unidos para evitar la entrega de contratos a una empresa paraestatal de China, así como ataques entre empresas del sector a través de columnas de negocios. Finalmente, la estadunidense Rapiscan resultó la gran ganadora de esta contratación, pues vendió su tecnología al gobierno mexicano por más de 800 millones de dólares.

En diciembre de 2021 López Obrador entregó, por decreto presidencial, la administración de 21 aduanas terrestres a la Sedena –19 de ellas en la frontera con Estados Unidos–, la administración de 17 aduanas marítimas a la Semar y el control de 12 aduanas interiores a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), una institución que él mismo creó en julio de 2021 y que responde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con ello, el mandatario quitó la gestión de las aduanas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el argumento de que estaban plagadas por la corrupción. Pero la transición no sólo tuvo un carácter administrativo, sino financiero: además de ceder a los militares el control de los vaivenes de personas y mercancías en el país, el presidente ofreció a la Sedena y la Semar la operación de facto del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), un instrumento creado en mayo de 2004 en el cual se amasan los miles de millones de pesos producto del cobro de comisiones a los agentes aduanales que operan en los puntos fronterizos.

Según un informe elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en febrero de 2022 –y consultado por Proceso entre los millones de documentos internos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya–, el FACLA disponía de 113 mil millones de pesos y era presidido por la SHCP. Sus gastos, aprobados por un comité técnico, estaban etiquetados para la operación y la infraestructura de las aduanas.

La SHCP planteó que, de los 113 mil millones de pesos previstos entre 2022 y 2024, 28 mil 100 millones de pesos se gastarían para modernizar las aduanas, mientras que 53 mil 615 millones de pesos se invertirían para financiar algunas “obras prioritarias” de la administración de López Obrador: 28 mil millones de pesos fueron aprobados para el Tren Transístmico y otros proyectos del Istmo de Tehuantepec; 21 mil 399 millones de pesos para la “frontera norte”, 3 mil 927 millones de pesos para el Proyecto Integral de Guaymas; mil 20 millones de pesos para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y 500 millones de pesos para el Tren Maya.

Aduanas. Control Militar

En otras palabras: la Sedena y, en menor medida, la Semar disponen de un nuevo fideicomiso multimillonario. De hecho, el poder castrense ha escapado a la política de cesación de fideicomisos implementada durante el sexenio de López Obrador: al 31 de diciembre de 2022, la Sedena disponía de 42 mil 433 millones de pesos en su Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar –con el que compra armamento, vehículos y material tecnológico–, mientras la Semar seguía manejando 17 mil 586 millones de pesos en el Fideicomiso de Administración y Pago.

Caja del Ejército

En los hechos, el gobierno vació de su sustancia el FACLA y lo convirtió en una caja grande, en la cual la Sedena y la Semar pueden agarrar recursos para sus proyectos.

Lo hizo mediante una estrategia para quitar a la SHCP el control de los recursos del FACLA y entregarle a las Fuerzas Armadas: el gobierno creó, al interior del FACLA, tres fideicomisos públicos de Administración y Pago para la Contratación de Servicios y Obra Pública (Fapas); entregó uno de ellos a la Sedena, otro a la Semar y un tercero –anecdótico– al SAT. Estos Fapas, a su vez, pueden sacar dinero del FACLA para invertir en proyectos, y desde el 3 de marzo de 2022 sus administradores –es decir, los militares– pueden operar sin la autorización del Comité Técnico del FACLA. Bajo este esquema, en los Fapas se deciden los gastos y toman dinero del FACLA.

Así, durante la tercera sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fapas-Sedena, que se llevó a cabo el pasado 15 de agosto, participaron solamente militares y un solo empleado –civil– de Nacional Financiera; en esa reunión, los uniformados decidieron las asignaciones de cientos de millones de pesos para obras en puertos fronterizos, incluyendo mil 614 millones de pesos para las aduanas de la frontera norte.

La discrecionalidad en el uso de los recursos quedó exhibida en un documento que el general Salvador Fernando Cervantes Loza, entonces titular de la Dirección General de Ingenieros de la Sedena, envió a Fabiola Córdova Almaraz, coordinadora de Operaciones Bancarias en la Tesorería de la Federación (Tesofe). En ese documento, el militar instó a la funcionaria civil que autorice a la Sedena la apertura de una cuenta bancaria en Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) para gastar los recursos multimillonarios del FACLA, los cuales, agregó, “no se consideran federales”.

Presión de Washington

La Semar fue la primera en romper el cochinito del FACLA. Con la necesidad de renovar los escáneres de contenedores de las aduanas marítimas, la Semar lanzó el año pasado un procedimiento para una contratación multimillonaria.

A pesar de que la dependencia pretendió llevar a cabo la operación de manera oculta –mediante una adjudicación directa amparada bajo el concepto de seguridad nacional–, la información sobre la licitación empezó a filtrarse en columnas de negocios, especialmente para atacar a una de las posibles contratistas: la empresa Nuctech, creada en 1997 en la Universidad Tsinghua, en China, y tiene entre sus distribuidores en México a las empresas Seguritech Privada, S.A. de C.V. –empresa de Ariel Picker Schatz, un hombre muy vinculado al círculo del expresidente Enrique Peña Nieto–, LTP Global Software e Ingeniería Operativa, S.A. de C.V.

Nuctech no era una empresa desconocida en el entorno aduanal y castrense de México. Al igual que los demás proveedores internacionales –como Rapiscan o Astrophysics– había vendido sus máquinas a la ANAM mediante diversos procesos de licitaciones en 2021; en 2022 la institución entonces dirigida por Horacio Duarte Olivares adjudicó directamente dos contratos a empresas vendedoras de Nuctech: uno de 495 millones de pesos a LTP para instalar escáneres en el AIFA y otro de mil 364 millones de pesos a Seguritech para dar mantenimiento a máquinas instaladas en aduanas.

SAT. Corrupción

El gobierno de Estados Unidos vio con malos ojos la relación comercial del gobierno mexicano con Nuctech y presionó al gobierno mexicano para expulsar a la empresa china, bajo el argumento de que las máquinas de rayos X podrían convertirse en herramientas de espionaje para el gobierno de China, en lugares estratégicos como los puertos de entrada del país.

El 22 de abril de 2022, el Departamento de Estado envió un informe de inteligencia a la Sedena donde advertía de los vínculos entre Nuctech y el gobierno chino, y sobre las prácticas de dumping y de corrupción –incluyendo de soborno– llevadas a cabo por la empresa para conseguir contratos.

Apenas 10 días más tarde, el 2 de mayo, el propio embajador Ken Salazar acentuó la presión, mediante una carta que mandó al canciller Marcelo Ebrard Casaubón para impedir futuras adquisiciones de material de Nuctech.

En esa carta –que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió entre los millones de archivos internos de la Secretaría de la Defensa hackeados a la Sedena–, Salazar expresó a Ebrard la “creciente preocupación” de la administración de Joe Biden ante los planes de adquirir equipo de escaneo y seguridad de ciertas entidades estatales chinas para el uso de funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas, la Sedena y la Semar, en lugares que incluyen el AIFA, la refinería de Dos Bocas y en 11 puertos marítimos.

En la misiva, Salazar urgió a Ebrard a que, “en el espíritu de nuestra actual y futura relación como socios”, el gobierno mexicano no se deje llevar por el “precio más bajo” de la tecnología china y compre en su lugar los escáneres a “proveedores confiables y probados”, insistiendo en los fabricantes estadunidenses Astrophysics, Leidos y Rapiscan.

“Gracias por su atención a este importante asunto”, escribió Salazar para cerrar su carta, que envió en copia a seis secretarios de Estado del gabinete de López Obrador y a cuatro secretarios de Estado de Joe Biden.

La presión de Salazar funcionó. Cuando columnas de negocios sugirieron que la Semar se estaba decidiendo por Nuctech, la institución frenó el proceso de adjudicación y el tema se apagó, hasta que el pasado 17 de enero la empresa estadunidense OSI Systems, que controla Rapiscan, anunció que recibió un contrato de más de 200 millones de dólares de un “cliente internacional”, que era la Semar.

Licitaciones multimillonarias

Posteriormente le tocó a la Sedena generar expectativas con contratos millonarios del FACLA. En noviembre de 2022 lanzó una licitación para instalar 187 bandas y escáneres de rayos X destinados a vigilar personas, maletas y palets de carga en las 21 aduanas terrestres que opera la Sedena.

La institución castrense desechó las propuestas económicas de todas las empresas que presentaron ofertas, excepto las de Ingeniería Operativa y Provetecnia, que ganaron las tres partidas de la licitación por 48 millones 340 mil dólares, equivalentes a 926 millones 430 mil pesos, a pesar de que eran mucho más elevadas que las de sus competidores, incluyendo la empresa alemana Rohdes & Shwarz de México. Según un actor del sector consultado por Proceso, Ingeniería Operativa y Provetecnia pertenecen al empresario José Ignacio Cañedo Figueroa y a sus hijos, Jonathan y Alejandro Cañedo Cantú.

Acto seguido, la Sedena lanzó una nueva convocatoria, esta vez para desmantelar viejos sistemas de rayos Gamma en las 21 aduanas terrestres y sustituirlos por 170 nuevos sistemas de rayos X –conectados a centros de monitoreo–, capaces de vigilar tráileres, trenes, autobuses y carros individuales. En la convocatoria, la Sedena aseveró que el sistema deberá ser compatible e interoperativo con el de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), lo que descartó de entrada la entrega del contrato a Nuctech.

Aunque estuvo interesada, la empresa estadunidense Leidos considero que los plazos para la instalación de los sistemas –a más tardar el 30 de noviembre de 2023– eran imposibles de cumplir, por lo que no envió propuesta. Sólo dos licitantes enviaron propuestas para las seis partidas: Nuctech, en alianza con LTP Global Software y Cruant, mandó una oferta por 11 mil 747 millones de pesos, y la estadunidense Rapiscan envió una por 731 millones 852 mil dólares, que ronda los 14 mil millones de pesos.

Al igual que en el caso de la Semar, en los días previos a la difusión del fallo –que estaba previsto para el 6 de marzo, pero se pospuso al viernes 17–, se multiplicaron las columnas de negocios que señalaban las presuntas preferencias de la Sedena por un proveedor u otro, esparciendo noticias negativas sobre empresas competidoras y sugiriendo actos de corrupción.

La Sedena dio finalmente a conocer su fallo en la tarde del 17: desechó por completo la propuesta de Nuctech y adjudicó cuatro de las seis partidas a Rapiscan, por 612 millones 125 mil dólares. Las dos partidas restantes, que en la propuesta de la estadunidense valían más de 100 millones de dólares, no fueron contratadas, por lo que la Sedena podrá adjudicarlas directamente y aplicar sus propios criterios para elegir al proveedor.

Junto con las aduanas terrestres y marítimas, el presidente López Obrador entregó a la Sedena y a la Semar la operación de otro fideicomiso ajeno al control civil y a las obligaciones de transparencia: el FACLA, el cual disponía hasta el año pasado de 113 mil millones de pesos provenientes de las tarifas aduanales. Ambas instituciones castrenses han tomado de ahí más de 800 millones de dólares para adquirir escáneres con rayos X y Gamma destinados a las aduanas del país. La empresa beneficiaria es la estadunidense Rapiscan, luego de que Washington presionó al gobierno de la 4T para que vetara a la compañía china Nuctech.

Gloria Leticia Díaz

Empoderado con el respaldo irrestricto del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejército “se resiste a rendir cuentas” y ha sellado un “pacto de impunidad” con la Fiscalía General de la República (FGR) para que altos mandos militares no sean tocados, ni siquiera ante sentencias firmes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A esas conclusiones han llegado abogados y familiares de Rosendo Radilla Pacheco y de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, víctimas de desaparición forzada cometidas por elementos del Ejército mexicano –Rosendo en 1974, y Edmundo y Gabriel en 2007–.

La resistencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a ser escrutada fue más que evidente el lunes 13, a ser la gran ausente por “motivos de agenda” en la audiencia privada convocada desde enero último por la CoIDH para dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia condenatoria contra México, emitida en noviembre de 2009 por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida en el contexto del combate contrainsurgente a la guerrilla de Lucio Cabañas, en Guerrero.

“El Ejército en esta administración tiene vía libre para hacer lo que le plazca, tanto que puede elegir no presentarse a una audiencia de la CoIDH, anunciarlo el mismo día que se realizó, aunque ello pueda significar consecuencias para el Estado mexicano en su conjunto”, denuncia Miguel Alcaraz Ceballos, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que representa a los familiares de Rosendo Radilla.

En entrevista, Alcaraz Ceballos explica que a casi 50 años de la desaparición de Radilla Pacheco, detenido por militares en Atoyac, Guerrero, por “componer corridos”, sus familiares han solicitado que se declare a México en “desacato” ante la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de que han pasado más de 13 años de emitida la sentencia del tribunal regional, sin que se haya atendido la principal demanda: el castigo a los culpables y saber dónde está Rosendo.

“Hay una total simulación por parte de la FGR porque no ha habido una investigación exhaustiva, ese fue nuestro argumento principal y fue por lo que la Corte nos concede la audiencia, la segunda desde que se emitió la sentencia.

López Obrador y el Ejército. Respaldo sin límites

“Desde 2017 se tiene una lista de aproximadamente de 400 servidores públicos pendientes por declarar, entre soldados y expolicías estatales de Guerrero, y hasta ahorita lleva 67 declarados de los cuales 99% asegura que no se acuerda o prefiere guardar silencio”, dice el abogado de la CMDPDH.

Alcaraz Ceballos señala a la FGR por negarse persistentemente a investigar la cadena de mando, pese a que existen dos peritajes dentro del expediente por parte de expertos y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), que recomiendan abordar esa línea de investigación e incluso fincar responsabilidades penales.

“Si duda, para investigar la cadena de mando se necesita la colaboración de la Sedena para acceder a los archivos, a la información de quiénes eran en ese entonces los coroneles, los generales de los batallones en los cuales es probable se llevaron a Rosendo Radilla, es decir, quiénes eran los encargados, quiénes daban órdenes, quiénes estaban al frente de la contrainsurgencia”, refiere el abogado.

En materia de búsqueda, Alcaraz denuncia que a más de 13 años de emitida la sentencia de la Corte Interamericana, sólo se han realizado seis excavaciones, todas en un mismo espacio, lo que fue el cuartel militar de Atoyac, sin explorarse otras instalaciones militares

Insiste en que persiste una “total descoordinación entre la Comisión Nacional de Búsqueda y la FGR” al grado de que la primera dependencia ha interpuesto una denuncia administrativa contra el agente de Ministerio Público porque se le ha negado el acceso a la averiguación previa, como se ha solicitado desde 2021.

La audiencia fue presidida por el juez Ricardo Pérez Manrique, acompañado por los jueces Humberto Antonio Sierra Porto y Patricia Pérez Goldberg, mientras que de parte del Estado mexicano “no se presentaron titulares de las dependencias convocadas, la de más alto nivel fue la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez, quien depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), y a quien es la primera vez que vemos atendiendo este caso, pues desde que asumió el cargo (en diciembre de 2021) no ha querido sentarse a tratar las necesidades de la familia Radilla Martínez”, cuenta el abogado de la CMDPDH.

Los otros funcionarios que atendieron el llamado de la CoIDH fueron por parte de la Segob Nancy Desiderio y Carolina Hernández; de la CNB, Javier Yankelevich; de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas, y por la FGR, Rafael García Fernández, encargado de la Coordinación General de Investigación, donde están los expedientes de la Guerra Sucia.

Por los familiares estuvieron presente María del Pilar, Agustina, María del Carmen, Rosa, Judith y Rosendo Radilla Martínez.

“Hay mucha indignación en las víctimas, estamos pidiendo que se condene el desacato del Estado mexicano y que se dé parte a la OEA, y que la Corte ordene medidas reforzadas de cumplimiento de esta sentencia, informes mensuales, instalación de una mesa de trabajo de más alto nivel para destrabar cualquier tipo de investigación o cualquier tipo de búsqueda.

En espera de que en abril la Corte regional emita una resolución, el abogado resalta que la familia Radilla Martínez no ha contado con la atención médica y psicológica ordenada en la sentencia, pese a que son personas mayores de 60 años que llevan esperando casi medio siglo por la verdad y justicia.

“Tiene que haber una condena internacional al Estado mexicano, se tiene que ejercer presión desde la comunidad interamericana para que el Estado mexicano defina su posición; si somos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, vamos a cumplir (…) que no esté administrando a conveniencia del Estado mexicano su participación en este tipo de organismos”, dice el abogado de la CMDPDH.

Prófugos

En el ámbito local las sentencias en firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que involucran al Ejército no se encuentran en mejor posición, agrega Sandino Rivero Espinosa, representante legal de Nadín Reyes Maldonado y Margarita Cruz Sánchez, hija y hermana de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, desaparecidos en mayo de 2007 en el centro de Oaxaca, luego de haber sido detenidos por policías estatales y entregados a mandos militares, situación sustentada en la recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Por esos hechos se liberaron órdenes de aprehensión contra el exprocurador de Oaxaca Evencio Nicolás Martínez y contra el extitular de la policía ministerial Pedro Hernández Hernández, quienes se encuentran prófugos; además, siete policías ministeriales de bajo rango están procesados por esos hechos.

“Hay un pacto de impunidad entre la Sedena y la FGR para tocar lo menos posible a los altos mandos militares”, denuncia el defensor porque recordó que en 2019 los familiares de los militantes del EPR ganaron un amparo que obliga a la FGR a investigar a mandos del Ejército y a permitir el ingreso a sus instalaciones para buscar a los miembros del EPR desaparecidos. Para ello instruyó a la creación de una comisión especial de búsqueda.

En agosto de 2022 la SCJN no sólo ratificó la sentencia, sino que fue específica sobre qué se entendía por mandos militares (mayor, teniente coronel, coronel, general brigadier, general de brigada, general de división entre otros); ordena que una vez notificadas las autoridades, lo que ocurrió el 5 de octubre, la Sedena entregue de inmediato a la FGR una lisa de los altos mandos activos en Oaxaca durante el periodo en el cual desaparecieron los eperristas para ser interrogados, permita el ingreso a sus instalaciones, entre ellas el Campo Militar 1, sin condicionamientos previos, “como parte del derecho a la verdad”, y ordena que en un plazo no mayor a 30 días naturales se publique en un periódico un extracto de la sentencia en la cual se hace referencia a la intervención militar en la desaparición forzada de dichas víctimas, refiere Rivero Espinosa.

Impunidad

La resolución de la Corte, que estuvo a cargo de la ministra Margarita Ríos Farjat, instruye a que sea la CNB la entidad responsable de encabezar la Comisión Especial de Búsqueda que está integrada por la FGR, la Policía Federal Ministerial, familiares de las víctimas y su representante legal, así como la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU-DH) y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI).

“El mismo día que se notificó la resolución, la FGR por insistencia nuestra envió un oficio a la Sedena pidiendo la lista; pero no respondió. El 8 de noviembre último envió otro oficio y el 18 de ese mes envió una primera lista con 31 nombres, fijándose el primero de febrero como la fecha en que iniciarían las comparecencias; se programó un mando por día.

“El 1 de febrero, la agente del Ministerio Público de la Federación me dice que acababa de recibir un correo en el que la Sedena le avisaba que no se llevaría a cabo la diligencia porque no había alcanzado a notificar a todos los incluidos en la lista, y que además pedía que los interrogatorios se llevaran a cabo en instalaciones militares para salvaguardar la integridad física de los militares”, cuenta Rivero Espinosa, quien de inmediato notificó la situación a la jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, María del Carmen Sánchez Cisneros, responsable de vigilar el cumplimiento de la resolución de la ministra Ríos Farjat.

La FGR fijó una nueva fecha para iniciar los interrogatorios, esta vez a partir del 27 de febrero pasado, entregando una lista con 23 nombres, 17 de ellos generales, cinco coroneles y un teniente coronel, indicando que las audiencias se llevarían a cabo en instalaciones militares.

“La Sedena argumentó que los militares eran altos funcionarios de la nación, lo que no es cierto, la Constitución no los contempla, lo que denuncié una vez más a la jueza porque el acuerdo de llevar a cabo las diligencias en instalaciones se hizo sin el consentimiento de los familiares ni la defensa, de ahí que advirtió que tomaría medidas de apremio sino se cumplía con la sentencia. Se fijó una nueva fecha, el 17 de abril”, detalla.

Sin embargo, Rivero Espinosa mantiene una inconformidad ante el juzgado porque “la Sedena no está mandando la lista completa de los mandos, el caso más evidente para nosotros es la omisión del general Alfredo Oropeza Garnica, quien era comandante de la VIII Región Militar en Oaxaca, de 2006 a 2008, es decir, en el periodo en el que fueron desaparecidos Edmundo y Gabriel”.

Oropeza Garnica fue comandante de la 27 Zona Militar en Guerrero, entre 1997 y 1999, periodo en el cual fue herido en un enfrentamiento con miembros del EPR, y en 1998 encabezó el operativo en la comunidad de El Charco, Ayutla de los Libres, en el que militares dispararon contra indígenas que pernoctaban en la escuela primaria Catarino Maldonado, resultando 11 personas asesinadas y 22 detenidas.

Nadín Reyes Maldonado, refiere en entrevista que, tras 15 años de búsqueda de verdad y justicia, “ha sido la Sedena el principal obstáculo para avanzar en la investigación y la búsqueda, no nos parecería raro que sea una instrucción de las más altas esferas, incluso del propio secretario de la Defensa (Luis Crescencio Sandoval) porque sólo así se entiende que entre la Sedena y la FGR se logren estos acuerdos contra el interés de las víctimas, cuando hay una sentencia que deberían de cumplir”.

Después de lidiar con tres gobiernos federales en busca de su padre, Nadin Reyes está convencida que, pese al discurso, la institución castrense durante el sexenio de López Obrador no es distinta a la del Felipe Calderón, sexenio en el que desaparecieron Edmundo Reyes y Gabriel Cruz.

“Es increíble que aún con una sentencia firme del máximo tribunal de justicia del país la Sedena siga siendo un obstáculo y se siga manteniendo en la impunidad. El presidente López Obrador dice que el Ejército de hoy es distinto al de pasado, yo le llamo a que empiece por cumplir un mandato judicial que tendrían que cumplir, sólo así va a ser un Ejército diferente”, asegura Nadin Reyes Maldonado.

El uso de Pegasus, “como un arma militar”, por Gabriela Sotomayor

GINEBRA.– Usar el spyware Pegasus para vigilar a periodistas o defensores equivale a utilizar un arma militar contra civiles y atenta contra la democracia; además, decir que se usa con fines de inteligencia y no de espionaje es un cuento de niños, dijo a Proceso el director y fundador de Forbidden Stories, Laurent Richard, organización que lideró la investigación sobre el espionaje con ese software, trabajo periodístico en el cual este semanario participó.

“Cuando la Sedena o una entidad dice que no es espionaje, sino que es inteligencia, pienso que es un cuento para niños, realmente es un cuento infantil. Esta es una manera para que ellos escondan la verdad y la verdad es que usaron el spyware y nadie los está controlando, y el problema con Pegasus es quién está controlando a quien lo usa y quién está protegiendo a los ciudadanos’’, dijo Richard. 

“La gente tiene que entender que esto es un arma militar usada contra los civiles, está categorizado como un arma y tiene licencia como arma”, agregó.

Esa poderosa herramienta es utilizada en México por el Centro Militar de Inteligencia (CMI), que depende directamente del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Luis Cresencio Sandoval (Proceso 2419). Y pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que se transparentaría la contratación del software espía durante su administración, la Sedena no ha hecho público ningún contrato.

“Para que Israel pueda exportar esto a otro país la luz verde la tiene que dar el Ministerio de Defensa porque es un arma militar”, dice Richard, quien se encuentra en Ginebra con motivo del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FIFDH por siglas en francés), en el cual se proyectó el documental Pegasus: un espía dentro de tu bolsillo, dirigida por Anne Poiret y producido por Forbidden Stories. 

El documental estrenado en el FIFDH muestra;los casos de espionaje cometidos en 2017 contra jefes de Estado, como Emmanuel Macron, de Francia, y Pedro Sánchez, de España, así como diplomáticos, defensores y periodistas, cuya investigación salió a la luz el 18 de julio de 2021.

El filme recuerda la investigación llevada a cabo por 80 periodistas liderados por Richard, quienes documentaron casos de espionaje en Arabia Saudita, Marruecos, Hungría, India, Azerbaiyán, México y Ruanda.

La lista de teléfonos intervenidos contiene más de 50 mil números de móviles de todo el mundo. México figura en primer lugar, con más de 15 mil contactos que incluyen a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera, y más de 25 periodistas entre los cuales se encuentran Carmen Aristegui y Cecilio Pineda Brito, asesinado en 2017.

Mayor regulación

Cuando esta arma se usa contra civiles primero causa un gran trauma porque las personas que son espiadas tienen información de fuentes o contactos poniéndolos a ellos también en peligro, además pueden ver todos los aspectos de tu vida: fotos, videos, conversaciones con tus hijos, tu vida íntima, y eso algún día lo podrán usar contra ti, así que hay un trauma inicial que se debe considerar, explicó el investigador.

“También estamos hablando de compañías privadas que están vendiendo este dispositivo a diversos actores estatales sin ningún tipo de regulación. Cuando se vende un arma militar a un país, como Arabia Saudita o Azerbaiyán o naciones que tienen muy mal historial en derechos humanos, se puede uno imaginar cómo lo van a usar, es como venderle una pistola a un asesino serial”, observó. 

Comentó que cuando se trata del nivel de corrupción que hay en México, existe un gran riesgo de que al final el spyware sea usado contra miles de personas, como periodistas y críticos del gobierno, o caiga en las manos de criminales.

Richard. “La ONU debe hacer algo con Pegasus

Recordó que “desde que revelamos el espionaje con Pegasus el 18 de julio de 2021 en varias partes del mundo, México estuvo entre los primeros clientes de NSO Group y AMLO prometió hacer públicos los contratos que se firmaron con NSO, “hasta el momento no se ha hecho nada por proteger a los ciudadanos; no hay ningún tipo de regulación, primero, para saber si el gobierno sigue usando el NSO; y si se sigue usando, quién va a evitar que se utilice”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe considerar el caso Pegasus como un asunto global, pide Richard, no como un asunto de un Estado porque es un mercado global, como las comunicaciones.

En la ONU deben tener al menos una conversación sobre el tema, pero hasta ahora no hay nada al respecto, hay comisiones sobre tortura, ejecuciones extrajudiciales, expertos independientes sobre diferentes asuntos, pero no hay ninguna comisión sobre víctimas de vigilancia digital y la falta de regulación de esto.

Consideró que en la ONU debería haber sesiones en las que se escuchen los testimonios de las víctimas de espionaje; además la industria responsable de la venta debería tener principios básicos de derechos humanos, esas compañías privadas como NSO tienen en sus páginas de internet las políticas de ética que los rigen, “pero es algo en lo que no podemos confiar, por eso debe haber una organización internacional que lo pueda controlar y asegurarse de que les quiten la licencia si sus clientes no respetan esos principios”.

Diana Lastiri

Desde hace 12 años el subteniente Jorge Alberto Tadeo Hernández forma parte de los más de 300 militares detenidos y sujetos a proceso por delitos cometidos “en cumplimiento del deber”.

Proceso informó (edición 2408) que desde 2007 y hasta septiembre de 2021 al menos 308 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) están sujetos a procesos penales por violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de civiles.

Las historias de estos elementos se encuentran en 147 procesos penales iniciados en su contra por abuso de autoridad, violaciones sexuales, homicidio y tortura, entre otros delitos.

Mientras desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón la sociedad civil ha hecho hincapié en que los militares no están capacitados para mantenerse en labores de seguridad pública en contacto con civiles, y esto derivó incluso en una reforma con la cual los jueces del fuero común ya pueden conocer de los juicios contra militares, cuando éstos cometen delitos en agravio de ciudadanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha buscado revertir la situación.

Aunque López Obrador ha sido el principal defensor del papel de los militares en la vida pública del país, la problemática de los procesos conocidos por jueces del fuero común contra militares derivó en que el domingo 12 cientos de personas salieron a marchar a las calles para exigir el respeto a los derechos humanos de los elementos castrenses.

Mientras tanto el subteniente Tadeo Hernández permanece en constante batalla para demostrar que los delitos que se le atribuyen, cometidos en 2011, fueron producto de la falta de capacitación para labores policiacas, instrucciones de altos mandos y la orden terminante de “combatir al enemigo”.

Durante 12 años ha permanecido sujeto a prisión preventiva de oficio en el Campo Militar 1, y pese a no recibir sentencia, afirmó que no quiere ser condenado por una autoridad que desconoce por completo los protocolos de actuación castrenses y con base en una averiguación previa amañada.

El Operativo de Tadeo

En febrero de 2011 el subteniente Jorge Alberto Tadeo Hernández, comandante de una Base de Operaciones Mixtas (BOM), detuvo en la zona centro de Monterrey a dos sospechosos de pertenecer a Los Zetas y de abrir fuego contra policías estatales.

Se trataba de Oscar Eduardo Torres Martínez y Everardo González Meraz, quienes al momento de su detención (Proceso 2053) estaban en un Pontiac negro con reporte de robo con violencia y se les aseguró un fusil AR-15, dos cargadores, 50 cartuchos, 200 dosis de cocaína, 350 dosis de piedra de cocaína y tres celulares con mensajes de halconeo.

De camino a la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), González Meraz sufrió un paro cardiaco derivado de una contusión profunda de tórax, que recibió cuando viajaba en la cabina del vehículo militar, que le causó la muerte; tenía 44 años y, de acuerdo con la averiguación previa, dio positivo a cocaína en las pruebas toxicológicas.

En el operativo no participó ningún Ministerio Público ni la policía ministerial, pues, según la versión del subteniente, así le fue ordenado por el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública de Nuevo León durante la administración de Jaime Rodríguez Calderón.

Luego del fallecimiento del detenido, Antúnez Pérez ordenó al Ministerio Público Militar iniciar una averiguación previa contra Tadeo Hernández por homicidio calificado, tortura y robo con violencia.

En esta investigación declararon 14 militares que estaban al mando de Tadeo Hernández al momento de los hechos, quienes reconocieron haber cometido diversos delitos mientras tenían a los detenidos bajo su custodia.

Entre esas declaraciones está la del cabo Marcelino González, quien reconoció haber golpeado con su casco a los detenidos cuando iban en la camioneta.

Además, en el caso se mencionan pruebas que ni siquiera están en el expediente, como las grabaciones que entregó el sargento Hugo Sánchez León, quien dijo que en esos audios el subteniente Tadeo le ordenó fotografiar a los detenidos una noche antes, cuando los vieron en un bar durante un recorrido, pero al cuestionarle qué voz es la que se escucha en las grabaciones afirma que es la del propio Sánchez León y a lo lejos parece escucharse la del subteniente.

Sin embargo, ni las fotos ni los audios están en el expediente y al modificar su declaración realizada ante el Ministerio Público Militar, señaló que fue amenazado y que el celular que entregó no era de su propiedad y que su declaración inicial era falsa.

Pese a ello, el Ministerio Público Militar que integró la averiguación previa, el mayor José Francisco Martínez Reyes, únicamente propuso ejercer acción penal contra Tadeo Hernández, mientras que el resto de los militares que participaron siguen en la impunidad.

Poco tiempo después de que la averiguación previa fue consignada al juez cuarto militar, éste se declaró incompetente para conocer del asunto y lo envió a la juez quinto de Distrito de Nuevo León, pues conforme a la reforma de 2014, al estar involucrado un civil, el caso del homicidio de González Meraz debe ser resuelto por un juez del fuero común.

Lucha contra las anomalías

A 12 años de haber sido detenido, la estrategia de la defensa del subteniente Jorge Alberto Tadeo Hernández se encarga de reconstruir los “huecos” que tiene la averiguación previa y evidenciar las falsedades con las que permanece sujeto a proceso mientras el resto de su equipo no.

El jueves 16 se realizó una audiencia en la que Tadeo Hernández solicitó carearse con el mayor José Francisco Martínez Reyes, quien integró la averiguación previa en su contra. Sin embargo, la juez Martha Machado decidió citar al comandante Luis García Arévalo, quien en 2011 era agente del Ministerio Público de la Cuarta Región Militar, con sede en Monterrey, y firmó la consignación del expediente.

La diligencia se realizó por videoconferencia, pero al argumentar que el sistema que rige el proceso es el inquisitorio, la juez se negó a grabar la audiencia porque afirmó que, aunque el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizó la realización de audiencias vía remota, no tienen la tecnología necesaria para dejar constancia de esas actuaciones que no sea por escrito.

Debido al paso del tiempo el comandante García Arévalo, que actualmente ocupa el puesto de titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, no recordaba todos los detalles de la revisión que realizó en 2011 de la investigación para autorizar el ejercicio de la acción penal contra Tadeo Hernández.

La manifestación del domingo 12. Foto: Miguel Dimayuga

Sin embargo, luego de escuchar al secretario de acuerdos del Juzgado Quinto de Nuevo León leer el pliego de consignación, aceptó ser cuestionado sobre ese
documento.

Durante el cuestionario, Marco Ramírez Gutiérrez, abogado del subteniente Tadeo, logró que García Arévalo reconociera que revisó la averiguación previa para firmar el pliego en el que autorizó la consignación de la misma, pero el comandante no logró recordar cuánto tiempo tuvo para realizar tal revisión.

Incluso, el propio Tadeo lo volvió a cuestionar sobre el tiempo que se tomó para realizar tal revisión, pero el comandante se limitó a decir que, al tratarse de revisiones con ejercicio de la acción penal, se busca revisar de manera inmediata.

“No tenemos un término de ley para hacer la revisión, el Código de Justicia Militar sólo establece que debe hacerse con prontitud, y en las nueve regiones en las que hice revisiones como Ministerio Público Militar se hicieron y se firmaron casi de inmediato”, dijo.

“Al decir de inmediato me refiero a que se trata de remitir las actuaciones con el pedimento de incoación a proceso, solicitando al juez en turno proceda a obsequiar la correspondiente orden de aprehensión”.

El mando de la GN fue cuestionado por qué no ordenó proceder penalmente también contra los 14 testigos que declararon contra Tadeo y de cuyos dichos se desprende que ellos también cometieron delitos, pero García Arévalo señaló que, para él, no había elementos que pudieran llevar a concluir que ellos también habían delinquido.

“Al no quedar acreditados los elementos del tipo y la probable responsabilidad de los testigos, es por eso que se ejerció la acción penal en esos términos, eso limita a que haya ejercido la acción penal aún y cuando dice el defensor que se auto incriminaron”, señaló.

“Se consignó la averiguación previa por haberse encontrado elementos suficientes contra el ahora procesado, así como su probable responsabilidad (…) Si los testigos declararon después que cometieron delitos, ya no nos constó, pues de haber ocurrido cuando revisé la averiguación previa, se les hubiera consignado”.

Tadeo Hernández afirmó que permaneció retenido 20 días antes de poder rendir su declaración preparatoria ante el Ministerio Público Militar. Sin embargo, García Arévalo señaló que la fiscalía castrense no tiene facultades para retener a nadie y que en el expediente no existe alguna orden de arresto o documento que justifique el motivo por el cual permaneció retenido, como afirmó.

“El ministerio público no giró orden de arresto alguna porque no aparece en la averiguación previa, el hecho de la retención no me consta tampoco porque mi oficina estaba en Monterrey y no en Escobedo, que es donde está la 7ª Zona Militar.

Sobre los audios referidos por Hugo Sánchez León, el propio exministerio público militar reconoció que el mayor que integró la averiguación previa no los recibió debido a que no fueron anexados en la misma.

“Si él no las glosó o no las recibió no me consta y no aparecen en la averiguación previa”, reviró.

Militares en operativos. Crímenes por obediencia. Foto: Mario Armas

Al concluir el cuestionario, el subteniente Tadeo Hernández solicitó a la juez permiso para realizar diversas manifestaciones. Sin embargo, la juzgadora se lo impidió bajo el argumento de que, al no tratarse de un asunto del sistema penal de oralidad, debe hacerlas por escrito.

Al finalizar la diligencia, Proceso cuestionó al subteniente qué era lo que quería decir cuando señaló que no está dispuesto a recibir sentencia por parte de una juzgadora que avaló una averiguación previa viciada.

“Me niego a ser sentenciado por la juez titular del Juzgado Quinto porque le da validez a una averiguación previa hecha por un Ministerio Público Militar y revisada por otro Ministerio Público Militar distinto que toman como válidas declaraciones del personal militar (tropa) bajo mi mando que se autoinculpan y no fueron vinculados a proceso, siendo esto una violación al Código de Justicia Militar”, dijo.

“Los diferentes jueces y ministerios públicos federales que han conocido mi caso violan el Código Penal Federal y la Constitución Política porque, después de 12 años, continúan tomando como válida esa averiguación previa viciada de inicio y donde los ministerios públicos militares cometen probables delitos contra la administración de la justicia.

“Todos los hechos que declaran los supuestos testigos yo los niego y sostengo que son falsos, y suponiendo que fueran verdaderos, las autoridades desde hace mucho tiempo vincularían a proceso a los testigos o, en su caso, desecharían la averiguación previa viciada de origen”.

Añadió que, al terminar el cuestionario con el comandante García Arévalo, tenía intenciones de solicitar a la juez que procediera legalmente en su contra porque considera que el funcionario de la GN actuó mal al no revisar a fondo la averiguación previa.

“Por sus malas actuaciones ya llevo 12 años encarcelado y todo por cumplir órdenes superiores”, enfatizó.

J. Jesús Esquivel

Washington. –“Es una gran ingratitud, somos el país que más los ayuda”, dice el canciller Marcelo Ebrard en referencia a las quejas y señalamientos que algunos legisladores de Estados Unidos lanzan contra México por la pandemia de consumo de fentanilo y drogas sintéticas que padece ese país.

“En los últimos cuatro años, de 2018 a 2022, México ha incautado 6.4 toneladas de fentanilo”, explica Ebrard en entrevista con Proceso.

El secretario de Relaciones Exteriores anota que por ello no se entiende que un grupo “insignificante” de legisladores republicanos del Congreso federal estadunidense denuncien a México como responsable del problema de la adicción en su sociedad al fentanilo y psicotrópicos.

“Es una gran ingratitud de los senadores que ahora están descalificando y atacando a México cuando somos el principal país que les ayuda en el combate al fentanilo”, reitera.

Ebrard se refiere a las recientes declaraciones de los senadores Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, y Bob Menendez, demócrata de Nueva Jersey, así como de los representantes republicanos Dan Crenshaw, John Kelly Kennedy y Mike Waltz, en el sentido de que para detener el tráfico de fentanilo por México el Pentágono debe enviar soldados a enfrentar y desmantelas a los cárteles mexicanos.

Parece imparable entre la sociedad estadunidense la demanda y consumo de drogas sintéticas elaboradas con fentanilo.

Las más recientes estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre el número de muertes en Estados Unidos por sobredosis de consumo de fentanilo exponen un fenómeno de adicción masiva que empeora día con día: de septiembre de 2021 a septiembre de 2022 fallecieron por sobredosis de esta droga 106 mil 840 personas, seis mil 278 muertes más que las registradas de septiembre de 2020 a septiembre de 2021, según el informe de los CDC del 5 de febrero último.

En 2015, cuando los CDC empezaron a recabar la información sobre el fentanilo, morían por sobredosis 130 personas cada 24 horas. En septiembre de 2021 el promedio de fallecimientos era de 275. Para septiembre de 2022 el número se elevó a 292 cada 24 horas, un incremento de 17 personas fallecidas diariamente.

“Nosotros lo vemos como algo alarmante y estamos dispuestos a apoyar como le hemos estado haciendo, pero tiene que haber reciprocidad en el esfuerzo y enfocarse mucho a reducir la tendencia de crecimiento de ese consumo”, dice Ebrard.

La reciprocidad que pide el gobierno de México al de Estados Unidos consiste en detener o disminuir notablemente el tráfico ilegal de armas de norte a sur. “Caso contrario van a seguir aumentando el número de muertos”, advierte el titular de la SRE.

Proceso buscó en los CDC a varios de sus funcionarios para hablar sobre las nuevas estadísticas por muertes a causa de sobredosis de fentanilo, pero la oficina de prensa de esta dependencia federal estadunidense rechazó la solicitud. Argumentó que por ahora no hay autorización para hacerlo.

Campaña binacional

Estados Unidos busca siempre culpables externos a sus problemas internos en materia de drogadicción. Lo hace “por tradición histórica”, enfatiza Ebrard.

La Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) –que opera en territorio mexicano con 54 agentes-- es una de las dependencias federales que es constante en señalar a México como responsable.

“La insistencia o argumento recurrente de la DEA es que el problema es de México. Ojo: ese no es el argumento del gobierno federal (Casa Blanca)”, matiza el canciller.

Fentanilo en Estados Unidos. Demanda imparable

El pasado 9 de marzo Elizabeth Sherwood-Randall, asesora del presidente Joe Biden en materia de seguridad nacional, visitó México y se reunió en Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Su visión sobre la crisis por el fentanilo contrastó con la de la DEA.

Ebrard informa que en esa reunión “se acordó llevar a cabo la primera campaña binacional para explicar qué es el fentanilo, cómo funciona y cuáles son los daños que causa”.

Para esa campaña binacional, la SRE calcula que cada nación tendrá que gastar 75 millones de dólares para financiarla porque se llevará a cabo tanto en México como en Estados Unidos y será en español e inglés.

La Casa Blanca tendrá que informar a su país de dónde sacará esos 75 millones de dólares para sufragar el costo de la campaña binacional que propuso López Obrador, porque en el proyecto presupuestal que Biden envió la semana pasada al Capitolio para el año fiscal 2024, de los 6.8 billones de dólares en gasto, pidió nada más 40 millones para contener el tráfico, la demanda y el consumo de fentanilo.

“Los 40 millones de dólares que propuso el presidente Biden para el presupuesto fiscal 2024 es muy reducido para el tamaño del problema que tienen”, reconoce el canciller Ebrard.

Sostiene que México combate al tráfico de fentanilo no nada más porque se lo pide la Casa Blanca, sino porque López Obrador quiere impedir el consumo de esa droga en la sociedad mexicana, y si Washington quiere la colaboración, entonces debe responder el favor apoyando la contención del tráfico de sus armas que empoderan a los cárteles.

“Con cada kilo de fentanilo incautado se pueden hacer un millón de pastillas. Eso significa que esos seis mil 400 kilos confiscados serían seis mil 400 millones de pastillas. Para hacer esas incautaciones, a México le ha costado 75 bajas de todas las corporaciones: Ejército, Marina, Guardia Nacional y policías estatales”, explica Ebrard.

Las rutas del opioide

Bajo el Entendimiento Bicentenario, la herramienta bilateral de cooperación sobre seguridad y combate al narcotráfico y al crimen organizado, México ha tomado varias iniciativas concretas para disminuir el trasiego de fentanilo, de acuerdo con el titular de la SRE.

Por ejemplo, la Marina asumió el control de los puertos marítimos del país, se reformó la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de la Defensa Nacional maneja las aduanas terrestres y cuenta con un sistema digital para la evaluación de precursores químicos que se importan de Asia.

“Hay que tomar en cuenta que la mayor parte de los precursores químicos que sirven para elaborar el fentanilo están en el mercado legal, por eso la complejidad para controlarlos. Muchos o varios de estos precursores químicos llegan de Asia primero a Estados Unidos y luego a México y eso ya se los hemos hecho notar de muchas formas”, anota Ebrard.

Cuestionado sobre los cárteles mexicanos con mayor control en el trasiego transnacional de fentanilo, Ebrard señala al Cártel de Sinaloa, con acento especial en la fracción que controlan los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán.

Sherwood-Randal y López Obrador. Acuerdo en Palacio Nacional

“El marco principal está en la ruta Jalisco-Nayarit y Sinaloa-Sonora. Por eso la Sedena tenía como alta prioridad la detención de Ovidio Guzmán López. Pero no quiere decir que sea solamente ese cártel, también están metidos los del Cártel de Jalisco Nueva Generación”, aclara Ebrard.

Para el crimen organizado es altamente redituable la elaboración de fentanilo y de drogas sintéticas que contienen está sustancia letal porque es muy barata y porque en Estados Unidos la demanda está imparable.

“Lo que estamos tratando de hacer es desmantelar los laboratorios clandestinos, detener a las personas que están involucradas, controlar los puertos. México está trabajando con varios países que producen varios tipos de precursores químicos: Corea del Sur, India, China. Trabajamos con diferentes naciones al mismo tiempo para aumentar nuestro control”, insiste el canciller.

Pero la pandemia del fentanilo en Estados Unidos tiene un sello indeleble que sus autoridades y legisladores federales no aceptan, como lo expone Ebrard: “Que no baja su consumo y que el fentanilo circula en todo su territorio con facilidad”.

Agrega que “va a ser muy difícil controlar el crecimiento del tráfico de fentanilo porque si las autoridades estadunidenses van a tomar medidas, deberían empezar por desmantelar a sus cárteles que las transportan, trafican y venden. Han desmantelado muchos laboratorios, eso nos dicen las agencias federales estadunidenses a cargo de eso. Laboratorios sofisticados, no estoy hablando de los clandestinos o caseros”.

Además de la campaña binacional de educación y salud pública para reducir la demanda y consumo de fentanilo, los gobiernos de México y Estados Unidos realizarán una sesión de alto nivel para diseñar otras estrategias en las que participarán las dependencias a cargo de la seguridad.

Desmantelamiento de un laboratorio clandestino en Sinaloa

“Va a haber una reunión del gabinete de seguridad en Washington coordinada por Rosa Icela Rodríguez (secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana) para darle seguimiento a la reunión con Sherwood-Randall y visualizar qué más se puede hacer. La reunión va a llevarse a cabo en abril”, adelanta el secretario de Relaciones Exteriores.

El gobierno de López Obrador se queja de que la administración de Biden exige mucho sobre su problemática del fentanilo. Ebrard sostiene que México ha hecho mucho y de más, pero, advierte, ya no está dispuesto a quedarse callado, y si Washington quiere más apoyo, deberá actuar en consecuencia.

“¿A Estados Unidos qué fue lo único que le pedimos? Tres cosas: primero, cuál es el esfuerzo de reducción de consumo en ese país porque si no, nunca vamos a acabar. Segundo, el desmantelamiento de laboratorios y de sus cárteles para impedir el libre flujo del fentanilo; y tercero, especialmente, reducir el tráfico de armas a México.

“Porque no hemos visto acciones contundentes. Sobre las armas queremos ver acciones efectivas porque es la capacidad de fuego de los cárteles mexicanos. ¿Qué puede explicar que en la última milla de la salida territorial de Estados Unidos hacia México no revisen los vehículos de la misma forma que nosotros lo hacemos para evitar la entrada del fentanilo? Para nosotros las armas son el equivalente del fentanilo, exactamente”, concluye Ebrard.

El corresponsal solicitó a la oficina de prensa del Consejo Nacional de Seguridad una reacción a lo expuesto por Ebrard en la entrevista con Proceso. “Por ahora no podemos hacer más declaraciones. Estamos dispuestos a mejorar la cooperación con el gobierno de México, como lo dijo allá la delegación encabezada por Sherwood-Randall. Las cifras dadas a conocer por los CDC se comentarán en otro momento”, fue la respuesta que por correo electrónico la Casa Blanca ofreció a este semanario.

Según las proyecciones de los CDC, a finales de marzo de este año, cuando se actualicen las cifras sobre muertes por sobredosis a causa del consumo de fentanilo, se podrían alcanzar o incluso rebasar los 300 decesos por día.

Golpear a México, ardid político con fines electorales

Washington.– En Estados Unidos la crisis de educación y salud pública por la demanda y consumo de fentanilo y drogas sintéticas es innegable, pero dista mucho de que la voz de unos cuantos legisladores, quienes culpan a México del problema, represente a todo el Congreso federal.

El secuestro de cuatro ciudadanos estadunidenses en Matamoros, Tamaulipas, realizado por miembros del crimen organizado, fue utilizado por cuatro legisladores republicanos y un demócrata para abonar a sus causas político-electorales.

Los senadores Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, y Bob Menendez, demócrata por Nueva Jersey; así como los representes republicanos Dan Crenshaw, John Kelly Kennedy y Mike Waltz se lanzaron contra México por el asunto de los cuatro secuestrados, dos de los cuales fueron asesinados.

Además, estos legisladores apelaron a la crisis de consumo de fentanilo y drogas sintéticas que padece su país para amagar con una legislación que exija el envío de tropas del Pentágono a México, con el propósito de acabar con los cárteles.

Este grupo de legisladores también pidió a la Casa Blanca que declarara a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo cual el jefe del Ejecutivo descartó casi de inmediato.

En el Capitolio ningún otro legislador republicano ni demócrata hizo resonancia de lo que solicitaba el pequeño grupo de cinco congresistas. No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo asumió como una posición de todo el Capitolio. Le dio importancia a algo que no la tenía porque ya lo había anulado la Casa Blanca.

Graham. “Desestimado por la Casa Blanca”

“Es una gran ingratitud de los senadores, que ahora están descalificando y atacando a México cuando somos el principal país que les ayuda en el combate al fentanilo”, dice en entrevista con Proceso, el canciller Marcelo Ebrard.

“México está tomando medidas crecientes contra el fentanilo. Es injusto que los senadores nos critiquen y es maniobra electoral porque suponen que golpear a México no tiene costo electoral sino ventaja; me estoy refiriendo en particular a los senadores y representantes republicanos y al partido republicano para su campaña proselitista”, añade el canciller mexicano.

Proceso buscó a los senadores Graham y Menendez, así como al representante Waltz para entrevistarlos sobre su propuesta y la reacción a ella del presidente López Obrador, pero sus respectivas oficinas de prensa rechazaron las solicitudes hechas por escrito y por teléfono.

Ebrard señala que los legisladores se quedaron solos. Reconoce que en los hechos su propuesta no tiene futuro y que por ende no había necesidad de haberles hecho el “caldo gordo”, sin embargo, expresa, el gobierno mexicano debía responder.

“Es importante que México inmediatamente ponga en claro esto y no permita que esa tesis siga avanzando porque no es solamente injusto, es falso y México no tiene que aceptar ese trato”, insiste el canciller.

Cuestionado sobre si en su viaje de la semana pasada a Washington, en la que se reunió con los 51 cónsules mexicanos para hablar de la campaña binacional contra el fentanilo, recibió algún comentario respecto de la posición de los cinco congresistas por parte del gobierno del presidente Joe Biden, el canciller respondió:

“Nos dijeron que ni siquiera lo considerarían, que lo ven inviable y equivocado, que no debemos meternos en problemas con eso, que son posicionamientos políticos. El gobierno del presidente Biden no lo considera en ninguna circunstancia”.

Jerónimo D. Galván

Un mensaje bastó para encender la red social Twitter y poner la lupa sobre el Comité Técnico de Evaluación (CTE) encargado de realizar, en apoyo a la Cámara de Diputados, el proceso de selección para los nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral.

“Mis más sinceras felicitaciones a quienes, sin hacer fraude, superaron el examen de selección”, decía a la letra el tuit del consejero electoral en funciones Uuc-kib Espadas, apenas un día después de que se difundiera la lista previa de los 204 aspirantes con mejores puntajes en el examen de conocimientos.

Conforme avanza el proceso de selección de los cuatro elementos que reemplazarán a Lorenzo Córdova y a otros tres consejeros salientes del INE, parece más empañado el cristal de transparencia e imparcialidad con el que los diputados buscaron cubrir a los integrantes del órgano evaluador.

Apenas llegados a la segunda etapa establecida en la convocatoria (la prueba de conocimientos), el trabajo de los integrantes del comité se vio señalado por los participantes. Primero, por los imprevistos durante el examen aplicado en el Pleno de la Cámara de Diputados, el martes 7, y después debido a las altas calificaciones obtenidas por personajes cercanos a Morena.

Sonaron entonces las campanas en medios y redes sociales: unos cuestionaban que personas no especializadas en el ámbito electoral hayan sido los participantes que obtuvieron los mejores resultados: la abogada Bertha María Alcalde Luján, en el caso de las mujeres y, por los hombres, el exrepresentante de Morena ante el IFE, Jaime Miguel Castañeda Salas, quienes superaron a expertos con trayectorias de décadas en el instituto y a profesores en la materia. También se habló de preguntas ambiguas y falta de conocimiento por parte de quienes elaboraron los 80 reactivos.

Pero la acusación más fuerte contra los integrantes del comité evaluador fue esa mención del consejero Uuc-kib, que tuvo eco suficiente para “presumir”, sin certezas ni pruebas, que hubo una “filtración” de las preguntas hacia ciertos aspirantes.

En su sesión pública del viernes 10 el comité rechazó tales versiones, enlistó las medidas de seguridad implementadas e insistió en que el “examen nunca se imprimió ni circularon copias entre los miembros de la comisión”.

Lo que sí reconocieron fue que, un día antes del examen, una comisión de dos personas conoció las 100 preguntas elaboradas, previo al proceso de depuración que concluyó en solamente 80 reactivos.

En medio de esta polémica comenzaron a acumularse las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por quienes se sintieron afectados en las primeras dos etapas.

Denuncias desestimadas

La suma de denuncias contra el Comité Técnico de Evaluación por su actuación en la prueba de conocimientos y las etapas anteriores superó los 20 juicios ante el TEPJF, como evidenció el orden del día de la sesión pública del jueves 15 de la Sala Superior.

De manera previa, algunos de los aspirantes rechazados en la segunda etapa, como Gerardo Marroquín, director de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la FGR, así como el doctor en Ciencias Sociales y Derechos Humanos, Carlos Valladares, anunciaron que promovieron juicios electorales para la protección de Derechos Políticos de la Ciudadanía contra el comité encargado de las evaluaciones.

La principal exigencia fue la “revisión puntual y correcta” de los exámenes que presentaron, pues al solicitar este nuevo escrutinio el órgano al que los diputados delegaron el proceso respondió que era “no procedente” el nuevo conteo de aciertos. También hubo quienes reclamaron por no haber sido incluidos en la etapa de registro por documentación faltante.

Córdova y Cardiel

Las impugnaciones promovidas ante los magistrados alegaron tanto las fallas durante la aplicación de la evaluación de conocimientos como el mal diseño de las preguntas, los cuestionamientos ambiguos y parciales, así como la falta de “revisión experta” ante el desconocimiento del ámbito electoral por parte de algunos integrantes del órgano evaluador.

Pero no rindieron fruto. Junto con la negativa a la consejera Carla Humphrey para participar en la contienda por la presidencia del INE, fueron desechados por la Sala Superior, el pasado miércoles 15, los 27 medios de impugnación contra quienes llevan el proceso de selección a consejeros y consejeras del INE.

Con las ausencias justificadas de Janine Otálora y del magistrado Felipe Fuentes Barrera, los magistrados consideraron, en siete asuntos, que eran ineficaces los agravios alegados en la prueba, ya que la revisión de las preguntas no es tutelable en un juicio electoral.

Otro de los actores, determinó la Sala Superior, “no demostró que la aplicación del examen de conocimientos por vía electrónica o el resguardo de los resultados hubiese afectado la confidencialidad de la evaluación o que se haya generado una afectación al aspirante”. Igual negativa obtuvieron otros dos participantes, por considerar que aceptaron las reglas de la convocatoria al haber participado en los términos del procedimiento.

Finalmente, en cuanto a los argumentos de tres participantes respecto de vulneración del principio de paridad, el TEPJF acotó que la integración de la lista definitiva no violó esta disposición y que, además, “existieron razones justificadas para que se hubiera conformado por el número de aspirantes determinado por el Comité Técnico de Evaluación”.

El día de la prueba

Desde las nueve de la mañana comenzó, en el acceso principal de la Cámara de Diputados, el flujo de aspirantes al Consejo General del INE, quienes presentarían el examen de conocimientos en materia constitucional, gubernamental, electoral y de derechos humanos.

Fueron 531 personas las que cumplieron con los requisitos constitucionales y legales, tras la revisión del CTE, y de ellas sólo se presentaron a la prueba 508. En las mesas verdes de la calle de Zapata, la primera obtener su sticker de acceso con fotografía fue la hermana de la secretaria del Trabajo e hija de la presidenta del Consejo Nacional del partido Morena, Bertha María Alcalde Luján, aunque ningún medio de comunicación obtuvo su foto al llegar.

Otros que sí acapararon los reflectores, fue por ejemplo el candidato no binario y magistrad@ electoral por el estado de Aguascalientes, Jesús Ociel Bahena Saucedo, mismo que explicó:

“Tuve que impugnar la convocatoria, precisamente porque hicieron dos listas, una de hombres y una de mujeres, sin respetar a las personas no binarias, y afortunadamente la Sala Superior me da la razón”, indicó en entrevista.

Por ese sitio ingresó también el extitular del Instituto Federal de Defensoría Pública Netzaí Sandoval Ballesteros, quien negó tener alguna ventaja por ser hermano de Irma Erendira Sandoval y del diputado de Morena, Amilcar Sandoval.

“En los exámenes no van a poder ayudar ni influenciar las familias, ni relaciones, ni vínculos de ningún tipo. La gente debe demostrar tener conocimiento y capacidad”, dijo.

Uno de los temas que tomó por sorpresa fue la legalidad de haber realizado la prueba en dispositivos electrónicos como las tablets y no de forma escrita, pese a que el acuerdo aprobado el 16 de febrero de este año por el Pleno de la Cámara de Diputados decía que el examen se imprimiría el mismo día de su aplicación. El miércoles 8 se informó que 204 candidatos habían sido seleccionados: 102 mujeres y 102 hombres.

Ruido en la red

Apenas un día después de darse a conocer los resultados, vía redes sociales comenzaron los señalamientos hacia el listado de quienes tuvieron las calificaciones más altas en la prueba de conocimientos.

Prendió los focos rojos, en primera instancia, el mensaje de buenos deseos, en Twitter, lanzado por el consejero Uuc-kib Espadas.

Los mejores resultados fueron atribuidos a personas vinculadas a la Cuarta Transformación. Resaltó, primero, la calificación de Bertha Alcalde Luján, quien pese a no tener experiencia previa en el ámbito electoral y contar solamente con una trayectoria en Derecho vinculada a la seguridad pública y a sanidad (en Cofepris), superó a los más destacados académicos y profesionales de la materia comicial.

La abogada obtuvo el mejor resultado entre las participantes, 74 respuestas correctas de 80 reactivos. Entre los participantes otro nombre fue apuntado por el dedo inquisidor de los usuarios de internet, al tener un resultado casi perfecto, 79 de 80… Fue el antiguo representante de Morena ante el entonces Instituto Federal Electoral, Jaime Miguel Castañeda Salas.

También fueron destacados la extitular del Instituto Electoral de Tabasco, Maday Merino Damián; el antes comisionado de Atención a Víctimas del gobierno de la Ciudad de México, Armando Ocampo Zambrano, y la exconsejera estatal electoral de San Luis Potosí, Zelandia Bórquez Estrada.

En contraste, y por citar un ejemplo, el aspirante más veloz, Sergio Jesús González, quien resolvió su prueba en sólo una hora con 16 minutos, ha participado en cinco ocasiones para este cargo y es profesor de Derecho en la UNAM, además de trabajar en el INE, pero logró apenas 69 aciertos.

Similar suerte tuvo el Roberto Heycher Cardiel Soto, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, quien apenas emparejó a Bertha Alcalde con 74 puntos, pese a haber tenido experiencia suficiente para sustituir por unos días a Edmundo Jacobo antes de que éste fuera restituido como secretario ejecutivo del instituto.

Vino el extrañamiento también por parte de la consejera electoral Carla Humphrey, quien llamó la atención por los altos puntajes inesperados, mientras daba su lucha ante el TEPJF para ser considerada en el proceso por la presidencia del INE.

En declaraciones a los periodistas indicó: “Sí es llamativo que estén en los primeros lugares personas ajenas (al INE) ¿Cómo en un mes de estudio voy a estar al nivel de personas que llevan 20 o 30 años calificadas para estos temas?”.

Ante estas versiones, el coordinador del grupo morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, desestimó las sospechas y se las atribuyó a diarios considerados por su movimiento como detractores: “Con todo respeto, Reforma hizo suyo el sospechosismo, y está bien, porque esa es su chamba, pero entonces háganla completa: si hay algo que pueda acreditar esa suspicacia, pues que lo investiguen”.

Explicación y dudas persistentes

Ante la marabunta de acusaciones, que finalmente apuntaban al procedimiento ejecutado por el Comité Técnico Evaluador, éste expuso los pasos de seguridad en el examen que, proyectaron, sustentarían que no hubo posibilidad de filtraciones, fraude o irregularidades.

Los tres nombramientos impulsados por Morena para el Comité Técnico de Evaluación, designados por el Poder Legislativo, fueron el economista Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte, excoordinadora de Administración y Finanzas en la Guardia Nacional, y el abogado Andrés García Repper, quien fuera representante de Morena en la elección para la gubernatura de Tamaulipas.

Según los cálculos políticos de grupos parlamentarios, a ellos se suman los enviados de la CNDH, el doctor en Política Ernesto Izunza Vera y la investigadora Araceli Mondragón. En tanto, los identificados como simpatizantes de la oposición, electos desde el Inai, son la exfuncionaria del IFE María Esther Azuela y el exdirector del CIDE Sergio López Ayllón.

Mayte Azuela, desde la mesa del CTE, resaltó frente a los cuestionamientos de los participantes: “Lo voy a repetir. La evaluación de los aspirantes no está definida sólo por el examen, sino que depende de un conjunto de elementos que permiten hacer una evaluación integral de las personas aspirantes”.

Pero el órgano encargado de elegir a los 20 finalistas que presentará a la Junta de Coordinación Política, previo a la decisión final y votación en el Pleno de San Lázaro, había sido “tocado” por las dudas.

Mier. Defensa del CTE

Las explicaciones sobre los dos integrantes del comité que conocieron previamente el examen llevaron a preguntar sus nombres, pero la política del comité ha sido no dar declaraciones ni atender las preguntas de los medios. Toda la información se da en comunicados.

Lista Rasurada

En una circunstancia irónica, el aspirante de la nota cuasi perfecta, de 79 de 80 aciertos, fue rasurado de la lista conformada por 92 participantes que demostraron un mejor nivel en la evaluación específica de idoneidad.

Jaime Miguel Castañeda, exasesor de Morena ante el IFE y maestro en derecho, una de las cartas fuertes del Movimiento de Regeneración, no superó la tercera etapa.

Tras la revisión del Comité Técnico del curriculum vitae y los documentos de soporte, cuyo valor era de 40% en esta fase, la exposición de motivos, con otro 30% de la calificación y 30% restante obtenido del ensayo relacionado con la función estatal del INE y su contribución a la democracia, se redujo la nueva lista a menos de 100 aspirantes.

Entre quienes siguen en la carrera aparecen la abogada Bertha Alcalde Luján, el extitular del Instituto Federal de Defensoría Pública Netzaí Sandoval, Ociel Baena; el investigador del CIDE Javier Aparicio y el maestro Roberto Heycher Cardiel, funcionario cercano a Edmundo Jacobo en el INE.

La cuarta fase, de entrevistas orales, se realizará del viernes 17 al miércoles 22. De ellos surgirán las cuatro quintetas de los finalistas al Consejo General del INE, entre ellas la del nuevo presidente o presidenta que sustituya a Lorenzo Córdova.

Eliana Gilet y Ernesto Álvarez /Quinto Elemento Lab

Cuando escuchó las patadas en la puerta se alarmó y miró la hora: pasaba las once de la mañana. Abrió la puerta y dos policías de investigación encapuchados entraron a la sala, apuntando a su mujer y a su hijo. Se metieron al departamento, gritando que de una vez les dijeran dónde estaban las armas, las drogas. Antes que los sacaran de su casa sin explicación, el padre identificó a quien traía la operación a cargo. Vestido de traje y corbata, con un fajo de hojas en un expediente, encaró al agente del Ministerio Público, Juan Carlos Díaz Alamilla, con quien tuvo la siguiente discusión:

–¿Dónde está tu orden?

–No tengo porqué tener una orden.

–¡Claro que tienes que tener una orden para desalojarnos!

–¿Sabes una cosa? ¡Me vale madre!

Díaz Alamilla encarnó el poder que desde 2016 tiene la fiscalía ambiental de la Ciudad de México para investigar denuncias por despojo. El funcionario firmó el acuerdo de aseguramiento del viejo edificio de Leonardo da Vinci 129, tras recibir una denuncia anónima; facilitó su demolición y entregó el predio vacío a un abogado. Todo esto en dos meses: octubre y noviembre de 2017. Para diciembre el edificio fue demolido con las cosas de sus ocupantes aún dentro. Hoy hay una torre de departamentos de alta plusvalía construida por la empresa GDC Desarrollos.

Mecanismo extrajudicial

Desde que fue bautizada como Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y de Protección Urbana (Fedapur) en el gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018) los autores de esta investigación han reporteado 36 casos de edificios asegurados por esta autoridad; en diez casos fueron expulsados vecinos precarios que llevaban años buscando la regularización de su tenencia ante el Instituto de Vivienda de la capital (Invi). A partir de la revisión de cinco expedientes de la fiscalía ambiental, se identificó una forma de desalojar extrajudicialmente, ignorada hasta el momento en las discusiones sobre gentrificación y recambio poblacional de la capital.

Opera así:

1. Aseguramiento exprés. Poner en custodia objetos vinculados a un crimen investigado, es una potestad que tiene cualquier agente del Ministerio Público. Pero cuando lo “asegurado” es un edificio habitado, se encubre un desalojo extrajudicial tras el eufemismo. Asegurar un edificio es tomarlo por la fuerza y en los expedientes analizados se evidencia cómo esta decisión no pasa por ningún control externo a la fiscalía ambiental, como sí ocurre en los juicios civiles que hasta el momento monopolizaban la emisión de órdenes de desalojo.

Al asegurar un edificio, la fiscalía ambiental pone sellos que indican el número de expediente. Allí aparece la fecha de inicio de las investigaciones, la cual se comparó en cada caso con la fecha del aseguramiento. Así se evidenció que la medida de fuerza es tomada prematuramente, al inicio de sus investigaciones. El caso de Isabel La Católica 245 registró el plazo más breve: la averiguación inició el 14 de noviembre de 2018 y el edificio fue asegurado el 3 de diciembre de 2018, tras menos de un mes de haber recibido una denuncia anónima contra los vecinos por haber tirado cascajo en la vía pública. Aún sin pruebas del delito denunciado, la fiscalía lo mantiene “preservado” y bajo su control desde hace cuatro años.

La rapidez del aseguramiento tomó a los vecinos por sorpresa y les impidió defenderse antes de someterles a esta novedosa forma de “desalojo extrajudicial”. En cambio, la autoridad no actuó con esa misma rapidez al recibir la denuncia por falsificación del certificado de uso de suelo del Colegio Rébsamen, de Coapa, materia que también le compete a la fiscalía ambiental. En este caso, durmió la decisión por seis meses, hasta que el sismo del 19 de septiembre de 2017 mató allí 19 niños y siete adultos. Retomó su investigación días después del sismo.

23 de noviembre de 2018. Desalojo en Zapata 68

2. Penaliza lo civil. Rogelio León Fortanel supo qué era la Fedapur cuando ya estaba preso. Fue uno de los primeros procesados por despojo en la capital y pasó dos años injustamente detenido en el Reclusorio Sur, hasta que fue absuelto. Logró probar que el día que la fiscalía lo acusó de cometer el despojo, él estaba en Chiapas. Su nombre fue tomado de un pleito archivado en la justicia civil, cuando Fortanel defendió legalmente a la Okupa Chanti Ollin, un espacio de gestión colectiva, que resistió 13 años hasta que topó con la fiscalía ambiental.

En el aseguramiento del Chanti en la madrugada del 22 de noviembre de 2016 intervinieron 800 agentes de choque (según la tarjeta informativa) que tomaron el edificio trepando por la fachada para irrumpir en la asamblea que ocurría en el primer piso. La fiscalía detuvo a 26 personas y las liberó sin cargos, pero Fortanel fue apresado dos días después por policías de civil que lo metieron en un automóvil sin placas.

En entrevista, Fortanel describió con claridad el mecanismo del despojo: “Esta fiscalía parece tener todos los poderes que pueda tener una autoridad en el país porque tiene la facultad de aseguramiento y, con eso, de desalojarte, algo que antes sólo podía hacer un juez. Llegué a entender que esta fiscalía fue creada justamente para esto: para anular procesos civiles que pueden ser muy largos en favor de quienes teníamos la posesión, en este caso, el Colectivo Chanti Ollin”.

Durante el primer año de acción del mecanismo las denuncias por despojo se multiplicaron por siete. Crecieron de 484 carpetas de investigación en 2015 a tres mil 242 en 2016, y en 2019 pasó de ser considerado un delito de bajo impacto a estar penado con diez años de cárcel, cuando se comete con el agravante de “agrupación delictuosa”. Es el caso de la comunidad mazahua, que pelea su permanencia en la colonia Juárez, en el predio de Turín 46.

La amenaza de ir a la cárcel inhibió que la gente afectada peleara por sus derechos y que, en la mayoría de los casos, hablase a condición de anonimato, como los vecinos de Da Vinci. No sólo eso: la marca de la fiscalía ambiental es hacerles perder todas sus pertenencias, porque las asegura con el edificio.

A los de Da Vinci se les permitió entrar brevemente dos personas por familia a sacar algunas cosas, pero la mayoría de los muebles se perdió en la demolición del lugar. Además de la posesión, se les despojó de cómo probar que alguna vez la tuvieron. Ni se diga del daño económico que les implicó quedarse sin nada.

10 de julio de 2018, calle 2 de abril, colonia Guerrero. Niño encapsulado

3. Cambia el suelo de manos. Comparado con el total de denuncias por despojo recibidas, es baja la cifra de 268 edificios asegurados entre 2019 y 2021. Sin embargo, 61% de ellos fue entregado a los denunciantes. Para esto, tampoco intervino ningún juez, ya que los expedientes muestran que esta decisión depende del agente del Ministerio Público que lleva el caso.

Este superpoder se concentró a inicios del año 2016 en la sede central de la Fiscalía General de Justicia y se gestó en dos ordenamientos cuando Miguel Ángel Mancera fue procurador y luego jefe de Gobierno. Sin embargo, el mecanismo ha gozado de buena salud durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Tuvo cinco titulares, pero la actual es Alma Luisa Rodríguez Soberanes, y aunque cambió de nombre a Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu), mantiene sus potestades intactas.

Desde 2022 una decena de autoridades de alto nivel del gobierno capitalino conforma la “Mesa de Despojos” y respaldan el mecanismo como un pilar del “plan de política criminal” de este año: “El aseguramiento de inmuebles por parte de esta institución inhibe la intención de los grupos delictivos de continuar con la ejecución del delito, permitiendo la entrega y devolución a la persona que se encuentra legitimada”, según el citado documento.

Una vez “restituidos” (como la fiscalía llama al cambio de manos tras el aseguramiento) los edificios quedaron abandonados o fueron derrumbados, salvo Cuauhtémoc 166, donde los vecinos frenaron la demolición ilegal gracias a tres clausuras de obra entre 2020 y 2021. Su esqueleto permanece medio de pie, medio caído, como un fantasma entre las colonias Roma y Doctores, que recuerda que no todo conflicto se resuelve por la fuerza.

Violencia Institucional

Laura Frías fue la Ministerio Público que firmó la suerte de Cuauhtémoc 166: mandató el aseguramiento tras dos meses de investigación; ordenó el desalojo del plantón (con la presencia del exfiscal, José Espinosa Nolasco) que las afectadas sostuvieron dos años y medio junto al predio, el 5 noviembre de 2019. Y entregó el lugar a los denunciantes: Antonio Omar Abud Cardona, hijo de Antonio Abud Nacif, un arquitecto de 90 años; y al abogado Roberto Sánchez Rocha, quien firmó junto a Frías el documento de recepción del inmueble, fechado el 28 de noviembre de 2019, que forma parte de esta investigación.

La primera vez que los reporteros fueron a Cuauhtémoc 166, el 9 de junio de 2017, no había cosas ni gente en la calle. Dos niños confirmaron que los vecinos habían sido expulsados pero que todos estaban dentro, salvo aquellos que buscaban respuestas en distintas oficinas de gobierno. En la sede de la fiscalía pidieron ver el expediente y se los negaron. Sólo si aceptaban la imputación por despojo, les dijeron, les darían una copia.

Después de un largo proceso, la fiscalía terminó por darles la razón. El último documento que se agregó a esta investigación está fechado el 24 de junio de 2022 y reconoce, cinco años después del aseguramiento de Cuauhtémoc 166, que dicha fiscalía no tiene evidencia del delito con que justificó la expulsión de los residentes: “Hasta este momento procedimental, los medios de prueba son insuficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del probable responsable”.

Sin embargo, según consta en el Programa de persecución penal 2023, la autoridad está promoviendo que se modifique el delito de despojo y se “permita detener al despojante en flagrancia”, en el momento del aseguramiento. La propuesta implica que, en vez de mejorar su capacidad para probar el delito, bajarán las garantías individuales para detener a quien se encuentre en el lugar. Si esto hubiese estado vigente en el inicio de esta investigación, los vecinos expulsados que hablaron con los reporteros estarían injustamente presos.

11 de marzo del 2022, expulsión en Insurgentes 96

También se ha registrado una ola de desalojos arbitrarios ordenados por la justicia civil. En la alcaldía Cuauhtémoc hay 53 casos de desalojo de múltiples departamentos y en ninguno de ellos los vecinos tuvieron aviso previo, un requisito del proceso judicial que, en 2019, se incluyó en la Constitución Política de la Ciudad de México.

Un caso del Centro Histórico, Zapata 68, ejemplifica por qué nadie fue notificado: las demandas estaban dirigidas a otras personas, algunas ya fallecidas, por deber rentas de contratos falsos, que ni ellos ni los muertos habían firmado. Organizados desde 2001 en una asociación civil para defender su permanencia, los vecinos de Zapata habían resistido desalojos en 2006 pero, una década después, como si hubiera cambiado el viento, sufrieron 11 desalojos arbitrarios y fueron denunciados por despojo ante la fiscalía en enero de 2019.

Su caso evidenció cómo, más que atacar mafias invasoras, la “fiscalía del despojo” actúa contra vecinos sin papeles, con posesiones de larga data y procesos de regularización abiertos ante el Invi, institución en la que fue canalizada la política de acceso a la vivienda popular en la Ciudad de México, desde fines de los noventa. La carpeta del Invi de Cuauhtémoc fue abierta en 1999 y la de Zapata en 2002.

Desde el terreno se ve cuánto los despojos de la fiscalía ambiental y los desalojos judiciales tienen en común: la falta de aviso previo a los afectados; su nulo acceso a los documentos que causaron su expulsión y la imposibilidad de defenderse antes de serlo. Sobre todo, se asemejan en cómo la violencia institucional fue usada contra las personas más vulnerables, en su mayoría mujeres, que habían invertido una vida en esos sitios para tener un lugar digno donde vivir. Esa violencia motivó este reportaje.

Los desalojos extrajudiciales de la “fiscalía del despojo” hicieron de la criminalización su arma para extinguir décadas de lucha. Camuflados en la arbitrariedad que campea en los desalojos civiles, se destacan por privar a las personas de todo, incluso de la triste fortuna de ver sus cosas regadas en la calle.